Redacción / El Nacional
Los países de la Unión Europea (UE) tienen el derecho de prohibir a los homosexuales donar sangre desde que la exclusión esté debidamente justificada, dictaminó hoy el Tribunal de Justicia de la mancomunidad (TJUE).
“Es preciso demostrar que estas personas están expuestas a un riesgo elevado de contraer enfermedades infecciosas graves, como el VIH, y que no existen técnicas eficaces de detección o métodos menos coercitivos para garantizar un alto nivel de protección de la salud de los receptores” de sangre, precisa el fallo de la máxima autoridad judicial europea.
La sentencia responde a una queja planteada por un ciudadano francés al que no se permitió donar sangre por haber tenido una relación sexual con otro hombre, esto en el marco de la legislación gala.
Accionado por ese ciudadano, el tribunal administrativo de Estrasburgo (Francia) preguntó al TJUE si la norma en cuestión es compatible con la directiva de la UE que regula los requisitos técnicos de la sangre y los componentes sanguíneos.
Para el tribunal europeo, la legislación gala “puede entrañar una discriminación por razón de la orientación sexual en contra de las personas homosexuales de sexo masculino”.
No obstante, su objetivo es que “el riesgo de transmisión de una enfermedad infecciosa a los receptores sea mínimo y, por tanto, responde al objetivo general de garantizar un alto nivel de protección de la salud”.
El TJUE señala que Francia es país con mayor prevalencia de VIH entre los hombres homosexuales entre Europa y Asia central y que la casi totalidad de las contaminaciones ocurridas en el país entre 2003 y 2008 se debió a una relación sexual, mitad de ellas entre parejas de un mismo sexo.
La instancia orientó el tribunal nacional a verificar si Francia no dispone de técnicas eficaces de detección de VIH o de “métodos que garanticen un alto nivel de protección de la salud de los receptores y sean menos coercitivos que la exclusión permanente de la donación de sangre”.
“El cuestionario y la entrevista personal a cargo de un profesional sanitario pueden permitir identificar con más precisión las conductas sexuales de riesgo”, sugiere la sentencia.
