Redacción/ El Nacional
Con un presupuesto de 4 mil 400 millones de pesos de techo de deuda aprobado por el Congreso, Gobierno del Estado anunció que este dinero será destinado al paquete de obras, donde se destaca la restauración de la fachada del Puente Atirantado, en el municipio de San Pedro.
El Secretario de Infraestructura, Humberto Torres Padilla, dijo que el techo de endeudamiento será repartido en tres etapas:
La primera será un 40 por ciento destinado a obras de servicios básicos como lo es drenaje pluvial y electrificación en 68 de las zonas más vulnerables con los que cuenta el estado
Otro 40 por ciento irá destinado al mantenimiento de diferentes obras, desde puentes, líneas del metro 1 y 2, carreteras y la presa Rompepicos.
Mientras que el 20 por ciento restante, se irá destinado a obras calificados como macro entorno, donde resalta la culminación del penal de Mina, donde se espera invertir 300 millones de pesos de los 4 mil 400 millones de pesos.
“Esos recursos estaríamos proponiéndoselo al gobernador y a los ciudadanos para invertir un 40 por ciento en polígonos de pobreza, 20 por ciento en obras de macro entorno para que podamos resolver lo que tenemos inconcluso y un 40 por ciento de mantenimiento de infraestructura física que requiere que se le invierta”, dijo Torres Padilla.
Mientras tanto, el Puente Atirantado no ha recibido ningún tipo de manutención.
Esto a pesar a que Oscar Bulnes, ex secretario de Obras Públicas en la administración de Fernando Canales Clariond, dejó estipulado en su Plan de Mantenimiento que el puente debía ser atendido en el primer y tercer año de cada administración.
Sin embargo, Humberto Torres, no aclaró cuánto dinero sería destinado para reparar las afectaciones que presenta el Atirantado.
Dichas afectaciones fueron constatadas al observarse algunas grietas.
Respecto al penal de Mina, el funcionario estatal insistió en que se tiene proyectado realizar una Asociación Público Privada (APP) debido a que el Estado no tiene los recursos para cubrir los 3 mil 500 millones de pesos que cuesta su construcción.
“El Estado estará proponiendo que se genere un modelo diferente a lo que es la clásica APP o concesión a efecto que el Estado tenga un vehículo para que el capital privado se integre a proyectos de interés público”, concluyó el secretario.
