Las Drogas y su regulación en México volvieron al centro del debate público después de que organizaciones civiles solicitaran abrir un diálogo nacional para transformar la política contra las sustancias. Entre sus propuestas están despenalizar la posesión simple, revisar los encarcelamientos por delitos no violentos, impulsar amnistías y ampliar los servicios de salud y reducción de riesgos.
Las demandas fueron presentadas durante el lanzamiento de la plataforma ciudadana Menos Daño, en la capital del país. Sus integrantes cuestionaron la estrategia militarizada iniciada en 2006 y plantearon la necesidad de revisar sus resultados con base en evidencia, derechos humanos y alternativas de atención para las personas consumidoras.
El frente reúne a diez colectivos que buscan modificar las políticas públicas relacionadas con las sustancias. Alejandra Sánchez Inzunza, coordinadora del proyecto, llamó a las autoridades a iniciar una discusión nacional que permita superar un enfoque centrado principalmente en la prohibición y el castigo.
Renata Demichelis, directora de Elementa Derechos Humanos, sostuvo que los gobiernos han desatendido la evidencia sobre las consecuencias de la política antidrogas. De acuerdo con su planteamiento, las operaciones de seguridad no consiguen afectar suficientemente a las cúpulas criminales ni a las redes de macrocriminalidad que pueden involucrar a funcionarios.
La activista afirmó que las consecuencias penales recaen principalmente en los niveles más bajos de esas estructuras. Como argumento, señaló que hay casi tres veces más personas encarceladas por delitos menores de posesión o menudeo que por tráfico internacional a gran escala.
Drogas: plataforma Menos Daño busca cambiar la política nacional
Demichelis también reconoció que las dos administraciones federales más recientes han mostrado disposición para dialogar con la sociedad civil. Sin embargo, cuestionó que esa apertura no se haya traducido en transformaciones estructurales de la política de drogas.
Entre las prioridades mencionadas por las organizaciones se encuentran despenalizar la posesión simple, revisar el encarcelamiento por esas conductas y modificar los modelos de atención al consumo. También propusieron terminar con la militarización de la estrategia, una demanda que implica discutir el papel de las instituciones de seguridad en este ámbito.
Cristina Reyes, directora de México Unido contra la Delincuencia, explicó que la plataforma Menos Daño reúne iniciativas orientadas a reducir los riesgos asociados al consumo de sustancias.
Una de ellas es el análisis de sustancias, una práctica que permite identificar su composición y advertir sobre posibles adulteraciones. La propuesta busca aportar información que ayude a prevenir daños, en lugar de limitar la respuesta pública a la persecución penal.
Otra demanda es modificar la clasificación de la naloxona, un medicamento utilizado para revertir sobredosis causadas por opioides. Su efecto incluye la atención de emergencias relacionadas con sustancias como el fentanilo, por lo que las organizaciones plantean facilitar su disponibilidad.
La plataforma también promueve avanzar en la regulación del cannabis, reconocer los derechos de las personas usuarias y considerar los usos tradicionales de plantas por parte de los pueblos originarios.
A estas propuestas se suma el fortalecimiento de la capacitación policial. Los colectivos consideran que una transformación integral debe contemplar tanto las normas legales como las prácticas de las autoridades y los servicios de salud.
Rogelio Salgado, representante de CEA Justicia Social, cuestionó las condiciones del sistema penitenciario y pidió utilizar las leyes de amnistía vigentes para revisar los casos de personas encarceladas por delitos no violentos relacionados con sustancias.
La propuesta busca examinar situaciones en las que la respuesta penal puede resultar desproporcionada, de acuerdo con los planteamientos de los participantes. No obstante, una eventual aplicación de amnistías depende de los requisitos legales correspondientes y de la revisión de cada caso.
Los colectivos también plantearon que las reformas deben considerar los recursos destinados a la atención comunitaria, la prevención y los servicios sanitarios. Su posición es que las respuestas al consumo no deben depender exclusivamente de medidas punitivas.
Drogas: plataforma Menos Daño busca cambiar la política nacional
La discusión involucra temas como la salud pública, los derechos humanos, la legislación penal y la actuación de las instituciones de seguridad. Cada uno requiere decisiones normativas y administrativas que definan los alcances de las propuestas.
La plataforma Menos Daño busca llevar estas demandas a una conversación nacional que pueda traducirse en cambios legislativos y de política pública. Por ahora, las medidas expuestas corresponden a las propuestas de las organizaciones civiles y no significan que la despenalización o las demás reformas hayan sido aprobadas.
El llamado central es revisar los resultados de la estrategia aplicada desde 2006, evaluar alternativas con base en evidencia y abrir espacios de diálogo entre autoridades, especialistas, organizaciones y personas directamente afectadas por las políticas sobre sustancias.
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