Redacción/El Nacional
La Cámara de Diputados aprobó después de un año la Ley de Seguridad Interior que regula la intervención de las Fuerzas Armadas en el combate al crimen organizado en municipios y estados.
Los diputados de oposición denunciaron que el ordenamiento es inconstitucional y promueve la violación de los derechos humanos y la militarización del país, lo que una y otra vez fue negado por el PRI.
En la ley se precisa que el Ejecutivo Federal podrá intervenir a nivel local a través de una declaratoria de protección a la seguridad interior, la cual no debe exceder de un año, aunque podrá prorrogarse si se persiste la amenaza.
Las manifestaciones de tipo social no serán catalogadas como amenaza.
El dictamen ha sido turnado al Senado para su análisis.
