Autoridades de México y Estados Unidos informaron que como parte de la operación denominada Operación Tormenta, se logró la detención de seis integrantes de una banda internacional vinculados con la trata de mujeres menores y mayores de edad, a quienes se les obligaban a prostituirse, esta operaba en ambos países entre los años 2000 y 2016.
El jurado de Nueva York, presentó cargos contra estos siete hombres, los cuales rebasan la cantidad de 21 por conspirar para cometer tráfico sexual, y por el tráfico sexual de menores mediante la fuerza, fraude y abuso, que les podría acarrear cadena perpetua.
Entre los siete hombres de origen latino se encuentran Raúl Romero Granados, “Chicarcas” o “El Negro”, de 32 años e Isaac Lomelí Rivera, “Giro”, de 34 años arrestados en los Estados Unidos, así como Efraín Granados Corona, “Chavito” o “Cepillo”, Alan Romero Granados “El Flaco, Pedro Rojas Romero y Emilio Rojas Romero, aprehendidos en México. Había uno séptimo, Juan Romero Granados “Chegoya” o “el Güero” quien aún se encuentra prófugo de la justicia.
El modus operandi de esta organización es utilizar promesas de romance, violencia física y sexual, amenazas, mentiras y presiones para forzar a las mujeres para vender su cuerpo. Primero las prostituían en el barrio de La Merced y luego las llevaban a casas de cita ubicadas en Nueva York y estados vecinos, como Connecticut, Maryland, Virginia, Nueva Jersey y Delaware.
En México, las víctimas eran obligadas a prostituirse con frecuencia en el barrio de La Merced, y tenían que sostener relaciones con alrededor de 20 a 40 clientes cada día.
“La acusación en contra de estas siete personas es otra muestra de la firme determinación de hacer que los tratantes respondan por sus crímenes abominables, y de nuestra sólida determinación por ayudar a que las víctimas sobrevivientes reclamen su futuro y reinicien una nueva vida” dijo la procuradora general Loretta E. Lynch al felicitar a las autoridades mexicanas por su compromiso en combatir estos delitos.
El caso de los presuntos delincuentes lo llevan los fiscales adjuntos Kristy J. Greenberg, Jane Kim y Rebecca G Mermelstein del Distrito Sur de Nueva York, con el apoyo de la Unidad Contra la Trata de Personas de la División de Derechos Civiles y la Oficina de Asuntos Internacionales de la División Criminal.