Luego de ser avalada por 20 congresos locales, la reforma para eliminar las llamadas “pensiones doradas” fue declarada constitucional, concretando la modificación al artículo 127 de la Constitución mexicana.
Con esta medida, las jubilaciones de exfuncionarios de organismos públicos y empresas del Estado ya no podrán superar el 50% del salario del titular del Ejecutivo federal, lo que equivale aproximadamente a 70 mil pesos mensuales.
La reforma impacta directamente a entidades como Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE), así como a organismos descentralizados, fideicomisos públicos, banca de desarrollo y empresas con participación estatal.
Además, establece que aquellos exfuncionarios que actualmente reciben montos superiores deberán ajustarse a los nuevos límites establecidos en la Constitución.
De acuerdo con el Senado de México, esta reforma busca eliminar privilegios económicos dentro del sector público y redirigir recursos hacia áreas prioritarias.
La presidenta Claudia Sheinbaum ya había adelantado que el objetivo es garantizar mayor equidad en el uso del presupuesto, al señalar que no es viable mantener pensiones elevadas en un gobierno enfocado en la austeridad.
Se estima que la medida podría generar un ahorro anual cercano a los 5 mil millones de pesos.
