La Corte Suprema de Justicia de la Nación (SCJN) avaló la prohibición de vender comida chatarra en todos los niveles del Sistema Educativo Nacional, incluidas las universidades. El tribunal negó por unanimidad tres amparos de empresas que cuestionaron las restricciones y respaldó la facultad del Estado para regular los alimentos disponibles en los planteles.
La resolución, difundida el 13 de octubre, rechazó los recursos de Maison Kayser México, Mega Vending de México y Compañía Embotelladora del Fuerte. Las compañías argumentaron que las reglas afectaban derechos como la libertad de trabajo, la igualdad y la seguridad jurídica. La Corte concluyó que la protección de la salud pública y el interés superior de la niñez prevalecen frente a los intereses comerciales particulares.
Los fallos respaldan las atribuciones de la Secretaría de Educación Pública (SEP), establecidas en los artículos 75 y 75 Bis de la Ley General de Educación. Estas normas permiten regular la preparación, distribución y venta de alimentos y bebidas dentro de las escuelas, además de promover hábitos saludables.
Corte confirma prohibición de comida chatarra en universidades
La base normativa incluye los lineamientos publicados en el Diario Oficial de la Federación el 30 de septiembre de 2024. El acuerdo comprende planteles públicos y particulares de educación básica, media superior y superior, y fija criterios para los productos que pueden ofrecerse.
El ministro Giovanni Figueroa Mejía sostuvo que el derecho a una alimentación nutritiva, suficiente y de calidad corresponde a todas las personas, sin importar su edad. Por ello, rechazó el argumento de que la protección estatal deba limitarse a menores.
El presidente de la Corte, Hugo Aguilar Ortiz, advirtió que el sobrepeso y la obesidad representan un problema de salud pública en México. Durante la sesión citó cifras oficiales que sitúan estas condiciones en cerca de tres cuartas partes de la población adulta, 40 por ciento de los jóvenes y 36 por ciento de los niños.
Corte respalda alimentación saludable en planteles educativos
Los lineamientos no prohíben la venta de cualquier alimento en todo el país. Regulan la preparación, distribución y expendio de productos dentro de los centros educativos, con criterios nutrimentales definidos por las autoridades. El acuerdo contempla, además, fomentar el consumo de agua potable y opciones saludables.
Aunque los tres asuntos se resolvieron por unanimidad, hubo diferencias sobre la aplicación de las reglas a instituciones autónomas. La ministra Yasmín Esquivel Mossa cuestionó que todas las universidades reciban el mismo tratamiento y advirtió posibles afectaciones a la autonomía de centros como la Universidad Nacional Autónoma de México.
Esquivel también objetó la posibilidad de sancionar a autoridades universitarias por incumplimientos y anunció un voto particular. Argumentó que las instituciones autónomas tienen facultades y responsabilidades propias para gobernarse conforme a sus leyes.
La ministra María Estela Ríos González respondió que la autonomía no excluye por completo las normas estatales sobre salud pública. Añadió que las restricciones se dirigen a las empresas que venden productos dentro de las escuelas, no al autogobierno universitario.
Lenia Batres Guadarrama coincidió con Ríos y afirmó que las reglas están dirigidas a todo el sistema educativo. Las diferencias persistieron durante el debate, pero no impidieron la aprobación de los proyectos ante el pleno de la Suprema Corte.
El titular de la SEP, Mario Delgado, celebró la resolución y afirmó que fortalece la aplicación de los lineamientos en las escuelas. La dependencia considera que el fallo favorece entornos escolares saludables frente a intereses económicos particulares.
Corte rechaza amparos contra restricciones alimentarias
La discusión también involucra el derecho de niñas, niños y adolescentes a la salud, reconocido por organismos como UNICEF y por la legislación mexicana. La Cámara de Diputados publica el marco legal federal, mientras que el Gobierno de México concentra información de las dependencias responsables. Para las comunidades escolares, la aplicación práctica dependerá de que los planteles ajusten sus puntos de venta y ofrezcan alternativas acordes con los criterios nutrimentales oficiales.
La resolución confirma que las restricciones cuestionadas pueden aplicarse en todos los niveles educativos, incluidas las universidades. Sin embargo, el debate dejó abierta la discusión sobre el alcance de la autonomía universitaria y las responsabilidades de cada institución para vigilar el cumplimiento.
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