El 4 de diciembre, la Asamblea Nacional de Corea del Sur aprobó por unanimidad una resolución que solicita la anulación de la ley marcial impuesta por el presidente Yoon Seok-yeol. La medida contó con el respaldo de 190 diputados, incluidos 18 del oficialista Partido del Poder Popular y 172 de la oposición.
De acuerdo con la Constitución surcoreana, el presidente está obligado a derogar la ley marcial si la Asamblea lo solicita con mayoría. Sin embargo, hasta el momento, el Ejecutivo no ha confirmado oficialmente la revocación, generando incertidumbre y manteniendo tensiones en el país.
El presidente de la Asamblea, Woo Won-sik, instó a Yoon a cumplir con la resolución, destacando que la democracia debe prevalecer. Mientras tanto, manifestaciones rodearon el Parlamento, vigiladas de cerca por un significativo despliegue militar que incluye barricadas y tropas.
En respuesta, Yoon Seok-yeol justificó la ley marcial alegando amenazas de Corea del Norte y la necesidad de eliminar “elementos antiestatales”. Bajo esta medida, se ordenó el cierre del Parlamento, la prohibición de actividades políticas y el control militar de los medios de comunicación.
Las tensiones aumentaron cuando las tropas ingresaron al complejo legislativo, intensificando el conflicto entre el Ejecutivo y el Legislativo. La población sigue atenta al desenlace de esta crisis política, que pone a prueba la estabilidad democrática de Corea del Sur.
Redacción/El Nacional
