Pese a una suspensión definitiva, la construcción del tramo 7 del Tren Maya sigue adelante, lo que ha llevado a las comunidades mayas de Campeche, ubicadas en la Reserva de la Biosfera de Calakmul, a mantener su batalla legal y denunciar al gobierno por desacato.
Después de cuatro años y medio del primer amparo interpuesto en 2020 para detener la construcción del tramo 7 del Tren Maya por no haber sido consultados conforme al Convenio 169 de la OIT, el Consejo Regional Indígena y Popular de Xpujil sigue luchando. Comienzan a verse los efectos negativos en sus comunidades: tala, deforestación, contaminación, especulación inmobiliaria y desplazamiento.
Aunque el proyecto fue declarado una obra de seguridad nacional por decreto presidencial, quedan muy pocos juicios en contra del Tren Maya, entre ellos el de Xpujil.
Desde el 4 de marzo de 2020, un juez dictó la primera suspensión de la construcción a favor de esta comunidad. Romel González Díaz, integrante del Consejo Regional Indígena y Popular de Xpujil, declaró que la demanda de amparo fue presentada antes del decreto, demostrando que se vulneró el derecho de los pueblos indígenas a una consulta libre, previa e informada. Según González, el gobierno no llevó intérpretes a la asamblea consultiva y solo se hicieron promesas que nunca se cumplieron.
El 1 de julio, el Tribunal Colegiado en Materias de Trabajo y Administrativa del Decimocuarto Circuito, con sede en Mérida, Yucatán, confirmó la suspensión definitiva del juicio de amparo indirecto 1519/2021, tras un recurso de revisión interpuesto por la Consejería Jurídica de la Presidencia y Fonatur. Sin embargo, aún estaba pendiente notificar al Comité Técnico Interinstitucional sobre el desacato a la suspensión.
Romel González denunció medidas dilatorias en el proceso, señalando que Fonatur ha dificultado las notificaciones al cambiar constantemente de domicilio.
