El Congreso de Nuevo León analiza una serie de iniciativas orientadas a fortalecer el marco legal contra delitos como la corrupción y la extorsión, en respuesta a los señalamientos recientes de la iniciativa privada sobre el incremento de estas prácticas.
En este contexto, el secretario general de Gobierno, Miguel Flores Serna, presentó una propuesta para aumentar las sanciones en delitos como abuso de autoridad y cohecho, contemplando penas de prisión más severas y mayores castigos administrativos.
Por su parte, la diputada del PRI, Armida Serrato, planteó la necesidad de homologar la legislación estatal con la Ley General en materia de extorsión, además de impulsar la creación de una normativa local específica para atender este delito.
Desde Movimiento Ciudadano, la diputada Melisa Peña consideró que estas iniciativas representan un paso necesario para cerrar espacios a la impunidad y reforzar la confianza en las instituciones.
La legisladora señaló que el fortalecimiento legal debe complementarse con acciones como mejorar los mecanismos de denuncia, brindar mayor atención a víctimas y reforzar la supervisión interna en corporaciones, así como la coordinación entre distintos niveles de gobierno.
El debate se produce en medio de un aumento en las denuncias por parte del sector empresarial, cuyos representantes han expresado preocupación por presuntos actos de extorsión y abuso de autoridad que afectan la operación de negocios.
Organismos como Canaco, Caintra, Coparmex, Canadevi e Index sostuvieron recientemente un encuentro con autoridades estatales en el Palacio de Gobierno para exponer la situación. De acuerdo con cifras compartidas por el sector, las quejas han aumentado alrededor de un 30 por ciento en los últimos seis meses.
