Con 45 votos a favor, 12 en contra y cero abstenciones, el Congreso de la Ciudad de México aprobó la Ley de Salud de la Ciudad de México, la cual permitirá que las mujeres puedan interrumpir legalmente su embarazo hasta las 20 semanas de gestación, en caso de violación.
Los legisladores puntualizaron que no será necesario presentar una prueba legal de los hechos y bastará con la palabra de la involucrada para que pueda acceder a la realización de este procedimiento.
Este dictamen se encuentra respaldado por la NOM-046-SSA2-2005, que obliga al personal de salud atender a las usuarias sin verificar ni cuestionar sus dichos en torno a que fue víctima de una violación.
En caso de ser menores de 12 años, las adolescentes deberán presentar una solicitud firmada por alguno de sus tutores.
Por su parte, grupo parlamentario del PAN solicitó una reserva al dictamen y César Garrido, de ese partido, expuso que:
“Ya no se diga las terribles aberraciones que están proponiendo en materia de aborto, estableciendo un plazo de 20 semanas que no tiene ningún sustento científico y que se contrapone al Código penal, además de hacer ponderar una Norma Oficial Mexicana como condicionante normativa de una ley, en total contravención al principio de jerarquía de la norma; con esto, lo único que provocan es dejar en un estado de indefensión total a miles de mujeres capitalinas”, resaltó.
A dichas declaraciones, la morenista Valentina Batres pidió respeto para las víctimas de violación, pese a una falta de carpeta de investigación.
“Si no hay carpeta de investigación, usted está pensando que alguien hace trampa para abortar después de las 12 semanas y se hace pasar por víctima de violación para que le permitan abortar después de las 12 semanas, de verdad es lo que usted está planteando ahorita en su argumentación para oponerse a que se apruebe la ley en sus términos, el dictamen de la ley de salud, por favor sea claro y sea respetuoso con las víctimas de violación”, señaló.
El Código Penal de la Ciudad de México permitía la interrupción legal del embarazo hasta las 12 semanas de gestación y exentaba de responsabilidades penales a las mujeres que fueron víctimas de una violación o una inseminación artificial sin su consentimiento.
