Con el fin de transparentar las actividades de la Secretaria de la Defensa Nacional (Sedena) y dar libertad de expresión y derecho a la información la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) solicitó al director general de Derechos Humanos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), general José Carlos Beltrán Benites, la implementación de medidas cautelares en favor del periodista Jesús Aranda.
Después de que se le negó el acceso a un evento público, el periodista solicitó a la CNDH se respeten sus derechos por lo que el organizó hizo un llamado a la institución.
En un comunicado, la CNDH indicó que las medidas solicitadas consisten en que la Sedena asegure que a los medios informativos y reporteros acreditados ante esa dependencia se les invite a los actos organizados por la misma y se les garantice el acceso, sin distinción alguna.
De igual manera, evitar que servidores públicos de ese instituto armado nieguen el acceso a los representantes de los medios de comunicación a los actos que se realicen en las instalaciones de la secretaría, conforme a los procedimientos establecidos para todos.
Mediante un oficio suscrito por el quinto visitador general de la CNDH, Édgar Corzo Sosa, la CNDH comunicó al general Beltrán Benites sobre el escrito de queja presentado por el agraviado, a quien se le impidió subir al autobús que conduciría a los reporteros a la inauguración del ‘Congreso Internacional sobre Obesidad y Diabetes’.
En esa ocasión, un oficial le informó a Aranda que “no podía acompañarlos porque no había sido invitado y que eran órdenes superiores de la Dirección General de Comunicación Social de la Sedena”. De igual manera, se le hizo saber al Ejército que, de acuerdo con la queja recibida, el periodista y el diario en que labora no han recibido, desde el mes de enero de este año, las invitaciones y comunicados sobre las actividades de la Sedena, “lo que dificulta que los eventos organizados por dicha dependencia reciban la cobertura de medios de comunicación”.
El organismo autónomo consideró que de no tomarse las medidas pertinentes, los actos denunciados pueden volver a ocurrir, “afectando los derechos a la libertad de expresión y a la información tanto del periodista como del medio de comunicación antes señalado y sus lectores, poniendo en entredicho la garantía de una sociedad plural y diversa”.
La solicitud de medidas cautelares se encuentra establecida en los artículos 3, 6, fracción II y 40 de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, así como en los artículos 116, 117 y 118 de su Reglamento Interno, y cumple con los requisitos de riesgo, urgencia e irreparabilidad del daño para que se proceda a su otorgamiento.
La CNDH señala que las medidas cautelares deberán realizarse durante el tiempo que resulte necesario y en ellas se solicita al director general de Derechos Humanos de la Sedena que le informe, en un plazo máximo de 72 horas, respecto de la aceptación de las mismas y sobre las actividades que se han realizado para su cumplimiento.