La investigación sobre los dos agentes de la Agencia Central de Inteligencia que murieron en Chihuahua apunta a que su presencia en el estado comenzó meses antes del operativo de abril de 2026. Durante la audiencia contra el exfiscal César Jáuregui Moreno, el Ministerio Público presentó reservaciones de hotel, contratos de renta de vehículos y registros de geolocalización que, según la acusación, documentan movimientos desde octubre de 2025.
Los agentes fueron identificados como Richard Leiter Johnston y John Dudley Black. Las autoridades investigan si participaron en otras operaciones antes del despliegue contra un presunto narcolaboratorio en El Pinal, donde ocurrió la volcadura mortal.
Según la información expuesta en la audiencia y reportada por periodistas presentes, Johnston se hospedó varios días en Chihuahua durante octubre de 2025 y regresó entre el 21 y el 31 de enero de 2026. También tenía una reservación del 14 al 20 de abril, fechas que coinciden con el operativo en el que murió.
CIA en Chihuahua: Richard Leiter Johnston y John Dudley Black.
El Ministerio Público señaló que los documentos reconstruyen parte de los desplazamientos de los estadounidenses.
La exposición contradice las primeras versiones de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua, que sostuvo que los estadounidenses solo habían solicitado transporte al director de la Agencia Estatal de Investigación, quien también falleció en el accidente. Luego atribuyó al funcionario muerto la incorporación de los extranjeros al convoy sin autorización.
Durante la audiencia se informó que dos automóviles Volkswagen Jetta grises fueron rentados a la empresa Eurocar mediante los contratos 81957 y 85272. Según la respuesta de la arrendadora al Ministerio Público, ambos estaban a nombre de Johnston. Uno portaba las placas EKN-199, según el periodista Pedro Fierro.
Un informe de investigación fechado el 15 de mayo de 2026 analizó los registros del sistema GPS de ambos automóviles. El documento ubicó estancias prolongadas en el Complejo Estatal de Seguridad Pública, particularmente cerca de la Oficina de Operaciones Estratégicas del C4.
El Ministerio Público consideró relevante la coincidencia entre la movilidad y la permanencia de los vehículos. Los registros no precisan qué actividades se realizaron ni quién ordenó los desplazamientos.
La información presentada también señala que Black se hospedó en la habitación 2312 del hotel Holiday Inn. Tras su muerte, familiares y compañeros solicitaron entrar al cuarto, donde seguían sus pertenencias.
Otro elemento fue la declaración de un agente estatal identificado con las iniciales Ó. D. R. C. El testimonio, leído durante la audiencia, refiere que el 16 de abril observó en el estacionamiento de Operaciones Estratégicas del C4 un automóvil gris que no parecía ser una unidad oficial. Lo conducía un hombre de tez blanca a quien el declarante consideró estadounidense.
El caso plantea dudas sobre la coordinación y autorización de agentes extranjeros. La CIA señala que recopila y analiza inteligencia para responsables de seguridad nacional.
La investigación apunta al exfiscal Jáuregui como presunto responsable de ordenar o coordinar la participación de los agentes sin autorización del Gobierno federal y de ocultar información. Son señalamientos del Ministerio Público, no una sentencia definitiva; la responsabilidad penal deberá determinarse durante el proceso.
La Fiscalía General de la República investiga delitos de competencia federal, mientras que la Secretaría de Relaciones Exteriores participa en asuntos diplomáticos y de relación con otros países.
CIA en Chihuahua: presencia de agentes desde octubre de 2025.
La controversia se relaciona con la soberanía nacional, la cooperación internacional y los límites legales para la actuación de agentes extranjeros. La Constitución mexicana y la Ley de Seguridad Nacional integran el marco jurídico relevante.
Por ahora, las pruebas descritas documentan viajes y movimientos vehiculares anteriores al accidente, pero no determinan por sí solas el alcance de cada operación ni acreditan todas las responsabilidades señaladas. La audiencia permitió conocer detalles que no habían aparecido en las primeras explicaciones públicas. La documentación deberá contrastarse con otros testimonios y peritajes para determinar si los traslados respondían a una misma operación o a actividades distintas. Hasta ahora, las autoridades no han aclarado esos puntos. El proceso deberá establecer quién autorizó las actividades, qué conocimiento tenían los funcionarios y por qué las primeras explicaciones oficiales difirieron de los datos presentados posteriormente.
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