Centros de detención migratoria proyectados por el Gobierno estadounidense enfrentarán una reducción significativa después de que las autoridades decidieran descartar siete instalaciones contempladas dentro de un ambicioso programa de expansión.
El proyecto buscaba aumentar la capacidad para alojar inmigrantes sujetos a procesos migratorios, pero encontró resistencia en distintos estados debido a preocupaciones relacionadas con seguridad, impacto comunitario y costos públicos.
Diversas comunidades expresaron su rechazo ante la posibilidad de albergar estos centros, mientras organizaciones civiles promovieron acciones legales para frenar su construcción y operación.
Las autoridades también tuvieron que enfrentar cuestionamientos ambientales que exigían estudios de impacto antes de concretar las modificaciones en los inmuebles seleccionados.
Ante este panorama, el Departamento de Seguridad Nacional optó por replantear parte de la estrategia y evaluar alternativas para el uso de los edificios ya adquiridos.
El ajuste representa un nuevo desafío para los planes migratorios de Estados Unidos y para los esfuerzos destinados a incrementar la capacidad de detención en el país.
