Buscan abrir juicio contra Rodrigo Medina por peculado y enriquecimiento ilícito

Redacción/ El Nacional

La subprocuraduría Especializada en Combate a la Corrupción de Nuevo León confirmó que el exgobernador, Rodrigo Medina, utilizó durante toda su administración aviones y helicópteros oficiales con fines personales, ya que se trasladaba junto con su familia a su rancho de descanso en Tamaulipas, pero también para viajar de vacaciones a Estados Unidos.

El titular de la subprocuraduría, Ernesto Canales, dijo que el próximo 29 de septiembre harán la acusación formal ante un juez por el delito de peculado, derivado de esta investigación.

Los detalles e indicios de este caso serán dados a conocer ante el juez, pero el fiscal adelantó que, según sus investigaciones, durante toda la administración de Medina, de 2009 a 2015, se usaron tanto aeronaves oficiales como vuelos rentados con recursos públicos para fines personales.

“Lo increíble era que casi se consideraba una prestación oficial como si esto fuera correcto. Todos los sabían pero no había ningún control, supervisión ni nada. Era una situación descarada”, dijo el fiscal.

Para confirmar el mal uso de esos recursos, consiguieron reunir las bitácoras de los distintos vuelos, las cuales confirman que, en la lista de pasajeros, estaban presentes familiares del exgobernador, lo que no tiene justificación alguna.

Los destinos principales de esos vuelos fueron dos: el municipio de General Terán, en Tamaulipas, donde Medina cuenta con un rancho de descanso, y San Antonio, Texas, en Estados Unidos, donde acostumbraba a viajar de vacaciones para visitar a sus hermanos.

De acuerdo con la Subprocuraduría Especializada en Combate a la Corrupción, estos hechos constituyen el delito de peculado del cual es probable responsable Rodrigo Medina. El artículo 218 del Código Penal del estado de Nuevo León establece que los funcionarios o exfuncionarios que hayan cometido este delito recibirán una sentencia de acuerdo al monto de los recursos desviados, pero esta puede ir desde los tres meses hasta los 12 años de prisión. Esto además de la inhabilitación del servicio público.

También se le vincula al delito de enriquecimiento ilícito.

La otra imputación es por el delito de enriquecimiento ilícito, confirmó el subprocurador. Este es un delito que puede alcanzar de los tres meses a los siete años de prisión.

De acuerdo con el subprocurador, fue a través de las declaraciones patrimoniales de Rodrigo Medina como se consiguió acreditar que éste tuvo un enriquecimiento inexplicable, que no se justifica con sus ingresos como servidor público.