El número de funcionarios que han tramitado acciones legales contra la Ley Federal de Remuneraciones, aumentó a 15 mil 608, informó el Consejo de la Judicatura Federal.
Los inconformes pertenecen a Pemex, la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), la Procuraduría General de la República (PGR), el Instituto Politécnico Nacional (IPN), la Comisión Federal de Electricidad (CFE), el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), el Instituto Nacional Electoral (INE), el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH).
Así como también personal del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), la Secretaría de Gobernación, de Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, del Sindicato Único de Trabajadores Docentes del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica y el Sindicato Único de Trabajadores de la Industria Nuclear, entre otros.
Hasta el momento se han recibido 3,431 demandas, interpuestas por 15,608 funcionarios, de los cuales 430 son jueces, 570 magistrados, 4,364 secretarios, 991 actuares, 4,901 oficiales y 1,960 externos.
Estos servidores públicos se oponen a la Ley de Remuneraciones, que establece que nadie puede ganar más de 108 mil pesos mensuales, luego que el presidente Andrés Manuel López Obrador calificara los salarios de los integrantes del Poder Judicial como “ofensivos”.
Fue el pasado 10 de diciembre cuando respondieron al presidente Andrés Manuel López Obrador y negaron que sean privilegiados o que vivan del abuso de erario público.
Una resolución de la Suprema Corte de Justicia suspendió la aplicación de la Ley de Remuneraciones. Sin embargo, tanto Morena como la Presidencia presentaron impugnaciones y un recurso de reclamación en contra del ministro Alberto Pérez Dayán.
Redacción/ El Nacional
