Redacción/ El Nacional
El pasado 19 febrero de 2016, mientras el entonces candidato, Donald Trump, criticaba la fuga de empleos hacia México, un despacho jurídico registraba varias marcas a nombre de la empresa del republicano, para hacer negocios en hoteles, turismo, materiales de construcción, entre otros.
El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) autorizó el registro de las marcas de Trump. De acuerdo con documentos oficiales, tres fueron aprobadas el 21 de febrero, poco más de un mes después que asumiera el cargo de presidente y una cuarta fue autorizada el 6 de octubre, un mes previo a las elecciones presidenciales.
La compañía de Trump ha conseguido recientemente victorias relacionadas con marcas. La agencia AP informó que el miércoles el gobierno chino le autorizó la aprobación preliminar de 38 marcas registradas y una compañía relacionada.
Tal situación ocasionó el enojo de senadores demócratas y detractores que le exigieron romper vínculo con sus negocios financieros con tal de que evite una posible violación a la clausula de los emolumentos prevista en la constitución de Estados Unidos.
La disposición prohíbe a funcionarios aceptar cosas de valor de gobiernos extranjeros, a menos que el Congreso lo haya aprobado.
Las marcas de Trump en México que tienen vigencia hasta 2026 y estuvieron a su nombre hasta 2015 cuando expiraron, un año antes de que se les volviera a tramitar. Las más recientes aprobaciones señalan como dueña de ellas a la compañía DTTM Operations LTCC, con domicilio en la Trump Tower, en la quinta avenida de la ciudad de Nueva York.
El abogado general de la Organización Trump, descartó que la decisión del gobierno mexicano haya sido un favor especial para el presidente estadunidense.
Garten afirmó que las marcas registradas en México tuvieron en principio dos propósitos: preparar el terreno para posibles nuevas empresas e impedir que otras personas aprovecharan en sus negocios el nombre de Trump.
Richard Painter, principal abogado de la Casa Blanca durante el gobierno de George W. Bush, dijo que las aprobaciones en México se ubican en una zona ética “ambigua” de naturaleza defensiva en este momento, tal vez, pero preparan el terreno para que el presidente haga futuros negocios cuando deje el cargo.
El abogado especialista en propiedad intelectual, Enrique Alberto Díaz Mucharraz aparece en el registro de las marcas. Díaz, socio propietario en el despacho jurídico, Goodrich, Riquelme y Asociados en la Ciudad de México declinó hacer declaraciones bajo el argumento de que debía de respetar las normas de privacidad relacionadas con el cliente.
De acuerdo con AP, la oficina de relaciones públicas del IMPI no contestó las llamadas ni un correo electrónico en el que se le solicitó que hiciera declaraciones sobre una lista de varias preguntas.
El analista político Alejandro Hope, afirmó que el IMPI es considerado en general un organismo apolítico y lo más probable es que la concesión de marca se debió a una decisión técnica.
