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José Luis Marroquín/El Nacional

Con 38 votos a favor, el Congreso Local aprobó reformas al artículo 30 y 37 de la Ley de Transporte para la Movilidad Sustentable del Estado de Nuevo León, esto con el fin de otorgar transporte gratuito a estudiantes, personas con discapacidad y adultos mayores.

Tras esto la Agencia Estatal del Transporte tendrá 90 días para fijar las reglas de operación en el Reglamento. Así mismo el Estado será el encargado de determinar el universo de personas que podrán ser beneficiados con la gratuidad.

Dentro del artículo 30 se contempla que los transportistas estarán obligados a colocar los validadores y dispositivos necesarios para que los estudiantes, personas con discapacidad y adultos mayores puedan disfrutar del beneficio que se da con las reformas.

“Los prestadores de servicio de transporte se verán obligados a colocar a los vehículos que les sean  autorizado los validadores y dispositivos necesarios para la utilización del sistema de peaje electrónico, así como la información relativa al servicio que prestan, con arreglo a las disposiciones que señala el Reglamento”, se lee en el dictamen.

Otro de los puntos que se aprobó en el dictamen es que el Gobierno del Estado podrá tener la libertad de tener convenios con transportistas pero el costo tendrá que ser de los programas presupuestales del Estado.

“Es con costo al Estado, el Estado deberá de ser el promotor de esto y además podrá tener convenios, se  le deja la libertad de tener convenios con transportistas pero no es a costa de ello, el costo tendrá que ser de los programas presupuestales del Estado”, explicó Héctor García titular de la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales.

Cabe señalar que los estudiantes que entran a este programa solo serán alumnos de prepa y de medio superior, así también los adultos mayores tendrán gratuidad a partir de los 65 años.

Ya en entrevista, Arturo Salinas Garza líder de la bancada del PAN señaló que en caso de que la gratuidad se de en universo de 140 mil personas, el Estado estaría subsidiando alrededor de 35 millones de pesos por mes para dar este servicio.

“El llamado con el Estado es sacar unas reglas de operación eficientes donde se beneficie la mayor cantidad de personas, ya tenemos los datos duros sobre este tema. La población objetivo si el 100 por ciento se viera beneficiada, estaríamos hablando de 140 mil personas entre estudiantes, adultos mayores y personas con discapacidad.

“Estas 140 mil personas ya reciben una tarifa preferencial que es un subsidio que se está pagando que representa alrededor de 35 millones de pesos, es decir si nosotros quisiéramos que este universo fuera completo de gratuidad, estamos hablando de un presupuesto de 35 millones de pesos que para el Estado es muy manejable”, dijo Salinas Garza.

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