José Luis Marroquín/El Nacional
El Fiscal Anticorrupción, Ernesto Canales junto al Agente Anticorrupción, Aldo Fasci y la contralora del Estado, Nora Elia Cantú anunciaron el aseguramiento de bienes del ex gobernador Rodrigo Mediana de la Cruz y 10 ex funcionarios.
Canales informó que estos embargos son parte de la “Operación Tornado” en donde se investiga presuntos actos de corrupción por montos de 3 mil 200 millones de pesos. Dentro de lo cual se contemplan delitos de peculado, delitos patrimoniales y ejercicio indebido de funciones.
Estamos aprovechando para presentarle a la ciudadanía un informe de las labores de las labores del Gobierno del Estado de Nuevo León en su combate a la corrupción.
“El aseguramiento de bienes a siete funcionarios de la administración anterior, incluyendo la del ex gobernador Rodrigo Medina de la Cruz”, manifestó el Fiscal.
Señaló que en los plazos legales correspondientes se solicitará al Juez de Control la fecha de la audiencia para formular la imputación a los ex funcionarios y con ello iniciar un proceso judicial.
En dicha audiencia, conforme al sistema penal acusatorio, se espera que el Juez de Control vincule a proceso e imponga las medidas cautelares correspondientes a los ex servidores públicos.
Asimismo la contralora del Estado de Nuevo León, Nora Elia Cantú anunció que se están investigando 117 casos, de los cuales se trabaja en 48 asuntos.
Dentro de estos asuntos se encuentra la Secretaría de Trabajo, Secretaría de Obras Públicas, Secretaría de Desarrollo Económico, Secretaría de Finanzas y Tesorería del Estado, Secretaría de Seguridad Pública, Secretaría de Salud, Sistemas de Caminos, Servicios de Agua y Drenaje, Metrorrey y Secretaría General de Gobierno.
Además se informó que hay cinco resoluciones en contra de: Rodolfo Gómez Acosta, ex Secretario de Finanzas; Juan Francisco Livas Cantú, ex director de Fidecitrus; Rolando Zubirán, ex Secretario de Desarrollo Económico; Luis Gerardo Marroquín, ex Secretario de Obras Pública y Ramón Villagómez Guerrero, ex director general de la Corporación para el Desarrollo Agropecuario
Las referidas resoluciones consisten en la inhabilitación por 10 años a cada uno, imponiendo además sanción resarcitoria en forma solidaria por 210 millones de pesos y en el transcurso de los próximos día se estarán dictando las cinco resoluciones faltantes”, expuso Cantú.
