El presidente Andrés Manuel López Obrador se ha visto en la situación de reenviar la propuesta de la reforma educativa a la Cámara de Diputados, debido a que legisladores y académicos señalaron que esta atenta contra la autonomía de las universidades al eliminar del artículo 3° la fracción VII.
Dicha fracción establecía que las universidades y las demás instituciones de educación superior a las que la ley otorgue autonomía, tendrán la facultad y la responsabilidad de gobernarse a sí mismas; realizarán sus fines de educar, investigar y difundir la cultura, respetando la libertad de cátedra e investigación y de libre examen y discusión de las ideas.
Por tanto, en la propuesta enviada por el presidente este pasado 12 de diciembre, lo que se descartó fue lo siguiente: “Determinarán sus planes y programas; fijarán los términos de ingreso, promoción y permanencia de su personal académico; y administrarán su patrimonio”.
Además, tambien se descartó que las relaciones laborales tanto del personal académico como del administrativo, se normaran por el apartado A del artículo 123 de la Constitución, en los términos y con las modalidades que establezca la Ley Federal del Trabajo conforme a las características propias de un trabajo especial, de manera que concuerden con la autonomía, la libertad de cátedra e investigación y los fines de las instituciones.
En la corrección de la iniciativa presidencial se cambia la fracción VI para establecer que la educación estará apegada a los principios de ser universal, gratuita, laica, obligatoria, democrática, integral, equitativa y de excelencia y el criterio que orientará a esa educación se basará en los resultados del progreso científico, luchará contra la ignorancia y sus efectos, las servidumbres, los fanatismos y los prejuicios y se mantiene la fracción VII sin ningún cambio alguno.
Redacción/El Nacional
