Alerta del INE ante Boicots en Elecciones Judiciales
El Instituto Nacional Electoral (INE) ha lanzado una alerta sobre la posibilidad de que se lleven a cabo boicots y manifestaciones durante las elecciones judiciales programadas para el 1 de junio. Este anuncio revela preocupaciones significativas en torno a la seguridad y la integridad del proceso electoral en curso.
Guadalupe Taddei, presidenta del INE, ha indicado que organizaciones como la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) y otros grupos opositores a la reforma judicial han preparado convocatorias para manifestaciones con el fin de interrumpir la jornada electoral. Para abordar estos riesgos, el INE ha implementado mesas de seguridad y protocolos de colaboración con fuerzas locales y federales, garantizando la protección y el desarrollo eficaz de la elección.
En medio de este ambiente de tensión, el INE ha denunciado acusaciones de fraude electoral. Estas alegaciones están relacionadas con la distribución de listas, apodadas “acordeones”, que contendrían información sobre los candidatos a puestos judiciales. Este tipo de maniobras son vistas como inadecuadas y como intentos de manipular el sufragio de los ciudadanos. Actualmente, se han registrado dos denuncias formales que serán sometidas a investigación por parte de la Comisión de Quejas y Denuncias, la cual evaluará si es necesario prohibir la difusión de estas listas. Entre los casos investigados, se incluye una denuncia contra el gobierno de Nuevo León, el cual ha sido señalado por sus supuestas campañas de inducción al voto a través de perfiles vinculados al gobernador.
Por otro lado, la presidenta Claudia Sheinbaum no ha escatimado en críticas hacia la CNTE, acusándola de colaborar con sectores conservadores en un intento por boicotear la elección judicial. Esta colaboración ha sido calificada como un acto que socava los principios democráticos del país. Sheinbaum también ha desestimado cualquier intento de vincular esta elección con otras demandas, como la derogación de la Ley del Issste de 2007, argumentando que cada proceso debe ser independiente y no debe ser utilizado para otros fines políticos.
