Airbnb logró una gran victoria legal con el fallo de la Corte Suprema de Europa de que no requiere cumplir con las onerosas regulaciones que aplican a los agentes inmobiliarios en la Unión Europea.
El error será un alivio para el sitio de alquiler de viviendas, que se ha enfrentado a las protestas públicas y a una creciente atención de las autoridades en varias ciudades europeas.
También ayuda a despejar el camino para la oferta pública inicial de Airbnb prevista para el próximo año. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) emitió el fallo poco después de concluir que Airbnb es una plataforma amplia de posible alojamiento, en lugar de una herramienta auxiliar para reservar un tipo específico de alquiler de vivienda.
Hallo en el sitio de internet que no intentaba influir en lo que los propietarios cobran por sus casas a través de la plataforma, y que había muchas otras formas existentes para que los propietarios encuentren inquilinos.
Incluso dijo que los estados de la Unión Europea no deberían prohibir Airbnb, a menos que estuvieran obligados hacerlo para combatir el crimen, restringir el racismo o proteger a los consumidores e inversores.
El fallo representa una gran victoria para las empresas de la “economía de chambas”, ya que marca una desviación de la reciente ofensiva por parte los reguladores en Europa.
El veredicto se produjo a pesar de una decisión del TJUE en diciembre de 2017 de que Uber debería clasificarse como un operador de taxis en lugar de un servicio intermediario para que los pasajeros encuentren conductores. Pero el tribunal dijo que, en contraste, no podía establecer que Airbnb tuviera una “influencia decisiva” sobre cuánto podían cobrar los propietarios, o sobre qué anfitriones y alojamiento estaban disponibles en su plataforma.
El fallo se produjo después de que un asesor principal del tribunal indico a principios de este año que se debería tratar a Airbnb como un “servicio de información de la sociedad” en lugar de como un agente inmobiliario. Airbnb expuso que no veía el fallo como una barrera para los gobiernos que deseaban regular la actividad de compartir viviendas y que quería “continuar trabajando con las ciudades sobre reglas claras”.
El caso se produjo después de que una asociación de turismo francesa buscó imponer reglas más estrictas a Airbnb, lo que llevó a los tribunales locales a buscar la asesoría de los jueces de la Unión Europea sobre cómo se debe clasificar Airbnb.
