La Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés) ha operado por años sin restricciones en México, encabezando operativos incluso armados, pese a que en el papel se mencione que las acciones derivaron de autoridades mexicanas tras el intercambio de información.
Algunos policías federales que participaron en esas acciones de alto impacto en sexenios anteriores revelaron que muchas veces se les concentraba y después eran trasladados a alguna zona del país, aislados y sin decirles nada.
Una vez que se daba luz verde, llegaban a un punto. Ahí ya había estadounidenses, quienes les indicaban dónde debían actuar, porque habían localizado a un operador o líder criminal, tras un trabajo de inteligencia, seguimiento e intervención de comunicaciones.
Hoy, el papel de esa agencia antidrogas es motivo de discusión en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador a partir de la detención de Salvador Cienfuegos, ex secretario de la Defensa Nacional, en Los Ángeles, California, por presuntos nexos con el narcotráfico. La molestia del gobierno federal fue porque la DEA no proporcionó información, pese a que contaban con una orden de captura contra el general desde hace un año.
