“Estamos convencidos de que la implementación de este modelo permitirá evolucionar el proceso actual de calificación y sanción de faltas administrativas, hacia la incorporación de una visión de justicia cívica expedita y profesional que, a través de procesos y criterios homologados, fortalezcan la eficacia de las instituciones y su legitimidad, facilitando y mejorando con ello la convivencia en comunidad, evitando así que los conflictos escalen a conductas delictivas o actos de violencia”, dijo.

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