Redacción/ El Nacional
La decisión de interrumpir un embarazo se asocia con la libertad reproductiva y el ejercicio de los derechos femeninos. Dicho acto está permitido en toda la República Mexicana bajo ciertas circunstancias, como los casos de violación, cuando la vida o la salud de la mujer están en riesgo o por malformaciones genéticas graves.
Si es por decisión voluntaria, el aborto sigue estando penalizado, excepto en la ciudad de México, donde la práctica está permitida durante las primeras 12 semanas de gestación. La ilegalidad de la interrupción voluntaria del embarazo orilla a que las mujeres busquen opciones clandestinas, con lo que ponen en peligro la salud y la vida, representa la tercera causa de muerte materna en el país.
En México, los abortos inseguros causan alrededor del 11 por ciento de decesos maternos -totalmente prevenibles-, lo que obliga a tratar el tema, no sólo en términos de derechos humanos y justicia social, sino también como una urgencia de salud pública.
En consecuencia, la atención en hospitales a causa de la práctica clandestina del aborto va en aumento.
Por tanto, es urgente que las instancias de salud pública, en todas las localidades, garanticen el acceso a la consejería, información y métodos de prevención del embarazo y de infecciones de trasmisión sexual con pleno respeto a sus derechos.
