Redacción / El Nacional
El Presidente de México, Enrique Peña Nieto revocó la petición de Ley General de Responsabilidades Administrativas, señalando que esta propuesta afectaría la relación entre empresas particulares y el gobierno.
Dentro de esta iniciativa denominada “Ley 3 de 3”, se obliga a todas las personas que laboren con recursos públicos a rendir su declaración patrimonial y de ingreso, antes y después de haber prestado su servicio en algún cargo.
De igual manera, EPN argumentó que esta ley violentaría los derechos de los mexicanos, además de hacer inoperante el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA).
Sin embargo, el encargado de dar a conocer la noticia, fue el consejero jurídico del Ejecutivo, Humberto Castillejos, debido a que EPN regresaba de Cuba luego de su participación en la firma de tratado de paz entre Colombia y las FARC.
Durante su intervención, Castillejos señaló que bajo su facultad constitucional de “facultad de veto”, el mandatario realizó observaciones a la ley abalada por el Congreso.
“Con la convicción de que las críticas a estos artículos han señalado un problema real a la operatividad del Sistema Nacional Anticorrupción y que esta medida resultaría contraria a los derechos humanos previstos por la Constitución General de la República al afectar de manera excesiva la vida privada y la protección de los datos personales de los mexicanos e incluso de extranjeros que no viven en el país, el Presidente de la República está proponiendo modificaciones para fortalecer el Sistema Nacional de Anticorrupción”, dijo.
Esta postura por parte del Presidente se da luego que se reuniera con diversos empresarios, mismos que le manifestaron su inconformidad ante las propuesta.
La petición fue regresada al Senado para que revisen el articulo 32, incisos B y C, y 15 artículos más relacionados con la ley 3 de 3.
Con información del Universal.
