Redacción/ El Nacional.
La Procuraduría General de la República (PGR) investiga a dos agentes de la Policía Federal Ministerial (PFM) , por la probable comisión de delitos de secuestro, extorsión y abuso de autoridad.
La PGR informó que la investigación efectuada a través de la Visitaduría General, los ministeriales actuaron en coautoría con dos civiles, uno de los cuales se ostentaba con una credencial robada de dicha corporación.
Los PFM detenidos son Misael Rojas Vargas y Antonio Javier Rivera Nevárez; así como el civil Víctor Manuel Carmona Calcetín y una cuarta persona de la que no se ha confirmado su identidad, quien portaba una credencial robada.
Los detenidos fueron sorprendidos en flagrancia por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México, por la probable comisión de delitos de secuestro exprés, extorsión y abuso de autoridad.
Al momento de su detención, los elementos federales manifestaron estar en funciones de investigación relacionada con el delito de trata de personas, durante la cual ubicaron una casa de alojamiento de presuntas víctimas de este delito, todas ellas de origen extranjero.
Sin embargo, de manera ilegal, los dos civiles, ingresaron al domicilio deteniendo sin justificación a las víctimas y maniatándolas, según consta en las declaraciones recabadas hasta el momento.
Ello era con el fin de exigirles dinero a cambio de no ponerlas a disposición del Instituto Nacional de Migración (INM).
Una de las víctimas logró dar aviso a las autoridades de la Ciudad de México, quienes detuvieron en flagrancia a los servidores públicos.
Por estos hechos se abrió proceso para darlos de baja de la institución federal, con independencia de la investigación que ha iniciado la Visitaduría General.
Los detenidos fueron puestos a disposición de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, iniciándose la Averiguación Previa correspondiente.
El Ministerio Público del fuero común se coordina con la Visitaduría General para determinar la declinación de competencia del caso, dada la participación en los hechos de servidores públicos de la PGR.
Las víctimas han sido asistidas por personal de la Procuraduría capitalina, la cual resolverá su situación en coordinación con las autoridades migratorias.
