José Luis Marroquín/El Nacional
Tras el anuncio de la Contralora del Estado, Nora Elia Cantú sobre las irregularidades que hubo en el tema del ‘cobigate’ y dar a conocer que los altos jerarcas serían los encargados de sancionar a los responsables, el Diputado del PRI, Eugenio Montiel Amoroso desconfió sobre esta postura.
El Legislador mencionó que al ser el Gobernador Jaime Rodríguez o el Tesorero del Estado, Carlos Garza los que determinen si hay sanción o no, hace parecer que esto estará sujeto a un acuerdo político, en donde no recaerán responsabilidades sobre los funcionarios.
“No me da buena espina que la contralora determine que el Gobernador sea quien determine las sanciones correspondientes cuando es parte de la función de la propia contralora, esto nos da la impresión que va a estar sujeto a un acuerdo político del Gobernador y no a lo que corresponda con base a la normativa que se establezca.
“Vamos a estar muy atentos al desenlace de esta situación para que se transparente todo el procedimiento, primero que nos digan como llegó a estas conclusiones la contralora que fue la que investigó, que fue lo que arrojó y que con base a eso se determinen las sanciones que corresponden”, manifestó.
Señaló que al llegar este asunto a la Subprocuraduría Anticorrupción tomará el mismo rumbo por estar un Fiscal dependiente del Gobierno, por ello resaltó la importancia de que el Congreso cree la figura autónoma en el Sistema Estatal Anticorrupción.
“Así como veo el caso de la contraloría que desde mi punto lo están dejando a una relación de tipo político, pues me temo que le puedan dar el mismo tratamiento en la Subprocuraduría Anticorrupción , es decir para que se someta el subprocurador a un acuerdo político con el Gobernador la acción a seguir con el ex funcionario”, detalló.
Por su parte el Diputado de Movimiento Ciudadano, Samuel García Sepúlveda indicó que las sanciones no solo deben quedar en los funcionarios de Gobierno sino también deben recaer en la empresa que dio las cobijas a un sobrecosto.
“Lo mínimo es inhabilitación y multas porque hubo una violación a la ley que regula las adquisiciones pero no debe quedar ahí, tiene que haber sanción a la institución, a la empresa que se prestó a estos adelantos y lo más importante evidentemente la otra vertiente que es la vía penal.
“Tiene que haber una carpeta de investigación penal porque si ya administrativamente la contralora determina que hubo fallos en la licitación, muy posiblemente, no me puedo aventurar también vaya haber indicios penales, queremos que acto de corrupción se castigue y de manera dura”, expresó.
