Redacción/El Nacional
Los ex directivos del Penal del Topo Chico, Gregoria Salazar y Jesús Fernando Domínguez Jaramillo, fueron ingresados como reos al Centro de Readaptación Social, ya que fueron vinculados a proceso por ser considerados presuntos responsables de abuso de autoridad y homicidio calificado por omisión, tras la masacre suscitada el pasado 10 de febrero donde 49 internos perdieron la vida.
El juez ordenó que por seguridad, el ex sub comisario en jefe de Administración Penitenciaria, Jesús Fernando Domínguez Jaramillo y la ex directora del penal, Gregoria Salazar deberían permanecer en las celdas de la Policía de Monterrey para cumplir con la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa.
Sin embargo, los ex directivos pidieron ser trasladados al reclusorio argumentando que en la cárcel de Monterrey no cuentan con las condiciones necesarias y aseguraron no correr ningún riesgo. Petición que fue aprobada.
Durante la diligencia, Domínguez Jaramillo y Gregoria Salazar negaron ser responsables de los delitos que se les imputaban, puesto que ni siquiera se encontraban en el lugar al momento del motín y que, incluso, habían llegado a calmar la situación.
Presentando varias pruebas documentales y un video con el que trataron de acreditar su inocencia. A lo que el fiscal que integra la carpeta judicial también presento pruebas como la declaración de 12 reos, entre ellas, la del presunto líder criminal Jorge Iván Hernández Cantú, “El Credo”, y la de 23 celadores más.
Los reos narraron momentos de terror que vivieron al ser atacados por unos 200 de sus compañeros liderados por Juan Pedro Saldívar, “El Z-27”, y los celadores confirmaron que la mayoría de las celdas estaban sin candados y que todos deambulaban con libertad durante la noche por el centro penitenciario.
Algunos afirmaron que se permitían privilegios, principalmente a los líderes de la trifulca, quienes contaban con celdas especiales y que sus superiores sabían que se disputaban el control del reclusorio.
