Redacción/El Nacional
Con la finalidad de preparar una legislación eficiente para proteger el desarrollo de 40 millones de menores mexicanos en su acceso a internet, el Senado de la República avaló un convenio, con la Procuraduría General de la República (PGR), la Policía Federal, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y organizaciones sociales.
Después de que fue movida la edad de los niños al acceso al internet de 5 a 3 años, algunos órganos civiles solicitaron al Estado a que proteja el acceso seguro a las páginas electrónicas.
La senadora priista Diva Gastélum Bajo, presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género, señaló que durante dos años se ha trabajado con especialistas para contar con una legislación y acciones de política pública que logren proteger a los niños y adolescentes en su acceso a la web.
Por su lado el presidente de la Asociación Mexicana de Internet, Alfredo Reyes Kraft, explicó que las redes sociales revolucionaron la forma de comunicación entre niñas (os) y adolescentes, que en una proporción de 70% se conectan a internet, “sin que sus padres ejerzan un control sobre las páginas que visitan o con quién se chatea”.
En cuanto a los pedófilos o predador, Reyes Kraft agregó indicó que uno de cada cinco menores usuarios de internet esta en contacto con ellos.
“Cerca de 25% de estos menores que son contactados de manera directa o indirecta, cuenta la situación a sus padres, y el resto no lo hace por temor a que les pongan límites en su acceso a Internet”.
Por dichas razones agregó se plantea que de manera legal se le castigue a quienes agredan y afecten a los niños y niñas.
Mientras que Renato Hernández, de la Facultad de Derecho de la UNAM, dijo que el Estado tiene poca capacidad para inhibir conductas generadoras de riesgo entre los menores, particularmente en espacios como el hogar, que se consideran seguros.
En el convenio participa la PGR con la División Científica de la Policía Federal, cuyo coordinador, Humberto Ortiz, dijo que esta iniciativa implica un esfuerzo nacional para crear una legislación en materia de ciber delitos contra menores.
