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La Auditoria Superior de la Federación (ASF) detectó irregularidades por 50 mil 721 millones de pesos (mdp) en el manejo de recursos públicos en el primer año de la administración del presidente Enrique Peña Nieto, de los cuales sólo ha recuperado 5 mil 804 mdp.
“Durante la realización de la revisión a la Cuenta Pública 2013, la ASF obtuvo recuperaciones por 5 mil 804 millones de pesos. Esta cifra podría elevarse durante el proceso de solventación de las acciones correspondientes al monto denominado ‘recuperaciones probables’, que asciende a 50 mil 721 mdp”, informó el titular de la ASF, Juan Manuel Portal.
En el marco de la entrega del informe sobre la Cuenta Pública de 2013, el Auditor explicó que existen mil 321 promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria en contra de diversos funcionarios públicos, derivado de la aplicación de un total de 10 mil 861 auditorías.
“De las cuales 6 mil 902 son recomendaciones, 783 son solicitudes de aclaración, 57 promociones del ejercicio de la facultad de comprobación fiscal, mil 321 promociones de responsabilidades administrativas sancionatorias y mil 798 pliegos de observaciones”, reveló.
Juan Manuel Portal añadió que, derivado de la observación del ejercicio de 2013, existen siete auditorias forenses (por posibles fraudes), de las que se pudieran derivar en “posibles denuncias de hechos, sobre recursos que sirvieron para contratar a terceros”.
Portal advirtió la existencia de 13 riesgos generalizados en el ejercicio del gasto público que pueden provocar actos de corrupción, por lo que propuso la creación de un Tribunal de Sanciones que determine las irregularidades en el ejercicio del gasto público.
“La rendición de cuentas en México responde a una arquitectura nacional heterogénea, fragmentada y, por tanto, ineficaz para combatir la corrupción; la creación de un órgano jurisdiccional para desahogar las responsabilidades administrativas sería una primera propuesta para eliminar esta fragmentación”, planteó.
Al referirse sobre los 13 riesgos, señaló que van desde la intermediación en la dispersión de los recursos hasta la falta de planeación en los proyectos de infraestructura.
“El hilo conductor de esta perspectiva lo representa la identificación de las áreas de riesgo, es decir, que entrañen la posibilidad de que se presenten situaciones como una gestión irregular de los recursos públicos o el uso de un nivel excesivo de discrecionalidad del funcionario ante la existencia de zonas grises en la normativa aplicable”, expuso.
El funcionario federal reconoció que actualmente existe una “crisis de confianza” de las instituciones entre la sociedad debido a la impaciencia de la mayor parte de los sectores del país.
“Es comprensible la impaciencia de algunos sectores por ver resueltos sus problemas, pero la actitud de demandar respuestas inmediatas, que no vayan a la raíz del problema, o que representen golpes mediáticos cuyo efecto tiene una muy corta duración, no abona a la búsqueda de soluciones estructurales que sirvan para todos los casos y en todas las circunstancias”, expresó.
Legisladores federales del PAN, PRD y MC reprobaron el manejo de los recursos públicos durante el primer año de la administración del presidente Enrique Peña Nieto, incluso, reprocharon a la Auditoria Superior de la Federación (ASF) excluir información sobre los contratos celebrados con Grupo Higa y el gobierno federal.
“El que exista dudas respecto de las licitaciones que por sus montos debieran ser públicas hacía como el número de contratos excesivos para la empresa Higa, que facilitó la casa de Angélica Rivera (esposa del presidente Enrique Peña Nieto)”, reclamó la legisladora Alfa Eliana González desde la tribuna.
La diputada Martha Córdova Bernal, Movimiento Ciudadano (MC) reclamó al titular de la ASF la falta de resultados a un informe que solicitó su grupo parlamentario para auditar los contratos con el grupo inmobiliario de Juan Armando Hinojosa.
“Auditar todas y cada una de asignaciones directas o por licitación de contratos con recursos federales, que hayan otorgado los entes fiscalizables al Grupo Higa, de Juan Armando Hinojosa Cantú, a fin de transparentar y verificar que estas asignaciones hayan sido otorgadas”, espetó.
El panista Julio Lorenzini expresó que su partido político desea combatir formalmente la corrupción, “ya que mientras unos prefieren la opacidad, nosotros exigimos y queremos transparencia”.
“Nos corresponde analizar esta información y convertirla en acciones legislativas concretas que coadyuven a la construcción de una Administración Pública al servicio de los mexicanos”, dijo.
