Redacción/@elnacionalred
La senadora Cristina Díaz Salazar presentó un punto de acuerdo en el que se exhortó a las autoridades de los estados y del gobierno federal, en el marco del Sistema Nacional de Seguridad Pública, a revisar los tipos penales de desaparición forzada de personas; establecer Fiscalías Especializadas para la investigación y persecución de este delito y, en caso de ser necesario, modifiquen su legislación penal para que esté de acuerdo con los tratados y convenios internacionales.
“Esta práctica es una de las que más lastiman a la sociedad en su conjunto y es vital que los estados, además de comprometerse a tipificar el delito de desaparición forzada como delito separado, aseguren que todas las denuncias de desapariciones se investiguen exhaustivamente, independientemente de quien o quienes sean los autores”, subrayó la senadora priista.
La presidenta de la Comisión de Gobernación de la Cámara Alta señaló que en diversos estados, el delito de desaparición forzada de personas todavía no es visto como un delito autónomo, y por lo tanto en algunos casos se ha perseguido como abuso de autoridad, detención arbitraria, delitos contra la administración de justicia o incluso, secuestro.
“Esto resulta preocupante, no sólo porque la severidad de la pena no es la apropiada sino por el tratamiento especial que merecen las víctimas directas e indirectas de este delito y por las graves consecuencias que genera en la sociedad”, dijo la senadora.
Cristina Díaz remarcó que no sólo es necesario tipificar el delito, sino investigarlo y castigarlo, porque la impunidad se ha convertido en un patrón crónico presente en los casos de desapariciones forzadas, subrayó la legisladora priista.
La legisladora priista reconoció que las entidades federativas no están realizando los esfuerzos suficientes para determinar la suerte o el paradero de las personas desaparecidas, sancionar a los responsables, garantizar el derecho a la verdad y la reparación de las víctimas.
En la exposición de motivos del punto de acuerdo, la senadora por Nuevo León puntualiza que es vital que los estados además de comprometerse a tipificar esta agresión como delito separado, aseguren que todas las denuncias se investiguen exhaustivamente, independientemente de quien o quienes sean los autores.
Al acotar que el Estado Mexicano es parte de diversos acuerdos internacionales que se refieren al tema, Cristina Díaz indicó que Baja California Sur, Estado de México, Quintana Roo, Tabasco y Yucatán, aún no contemplan el delito de desaparición forzada en su Código Penal y son varios los estados que contienen en sus códigos locales un tipo penal deficiente acorde a los estándares internacionales en la material.
“A pesar, que en Chiapas, Guerrero y Querétaro, cuentan con avances legislativos significativos, ello no ha sido una garantía para la correcta investigación y persecución de las desapariciones forzadas”.
Cristina Díaz subrayó la urgencia de redoblar esfuerzos en todo el país de manera coordinada para atender de manera correcta y erradicar la desaparición forzada que tanto lastima a los mexicanos.