Redacción/@elnacionalred
Los gobernadores de los 31 estados del país y el jefe de gobierno del Distrito Federal recibieron ayer una mala noticia: El Senado aprobó las reformas constitucionales en materia de disciplina financiera para acotar la deuda de las entidades.
Dichas modificaciones que fueron aprobadas con 89 votos a favor y siente en contra, obligará invariablemente a los congresos locales a autorizar un posible endeudamiento por mayoría calificada; sólo será para obras, no para gasto corriente y, ante casos graves, intervendrá el Congreso de la Unión.
El Senado aprobó el dictamen y fue remitido a los congresos de los estados, por tratarse de una ley constitucional para su eventual discusión y aprobación. Así se creará una comisión bicameral, integrada por diputados y senadores, que se encargará de vigilar los convenios celebrados entre Estados y municipios con el gobierno federal para contratación de deuda. Sin duda, la nueva ley pretende evitar casos como el de hace unos cuantos años en Coahuila, cuyo exgobernador, Humberto Moreira, aumentó la deuda estatal en más de un 19, 270% durante su gestión.
Actualmente siguen creciendo las deudas de casi todos los estados, aun cuando los casos más representativos son los de Chihuahua, cuya deuda asciende al 9.2 por ciento de su Producto Interno Bruto; Quintana Roo, con el 8.6% y Chiapas, con el 6.8 por ciento. Se estima que, durante el año anterior, la deuda de las entidades alcanzó la cifra de 500 mil millones de pesos, según el diputado priista José Yunes, presidente de la Comisión de Hacienda del Congreso federal.
La deuda de los estados comenzó a crecer inmoderadamente luego del año 2000, cuando el PRI dejó de gobernar el país y llegó a la presidencia de la república el Partido Acción Nacional. Por doce años, los dos sexenios panistas, los mandatarios estatales, en su mayoría, gestionaron millonarias deudas que hoy no se reflejan en desarrollo ni en avances sustanciales o beneficios para los gobernados. Tuvieron un comportamiento casi de virreyes, sin que a la federación le interesara frenarlos.
Junto con esta nueva ley que establece la colocación de candados para nuevos empréstitos, debería exigirse, pues, una rigurosa revisión a la legislación que promueve la transparencia en el manejo de los recursos que hasta hoy sigue quedando corta, pese a la exigente demanda social hacia sus gobernantes.
De cualquier manera, la ley aprobada ayer en el Senado representa un avance para el presente y futuro de los estados, aun cuando sigue quedando pendiente la atención a la impunidad, porque los responsables de tantos despilfarros siguen sin ser llamados a cuentas por la justicia. En transparencia y aplicación de la ley continuamos reprobados todavía; nos hemos instalado, desgraciadamente, en el “borrón y cuenta nueva” cuando se trata de malos manejos en la administración pública. Y que nadie pregunte ni investigue.
