Más de 18 mil personas desaparecidas —exactamente 18 mil 508 ciudadanos— han sido localizadas en México durante la actual administración federal, informó este viernes la Secretaría de Gobernación (SEGOB). El balance responde al despliegue de la Estrategia Nacional de Búsqueda, presentado en medio de auditorías institucionales y revisiones técnicas supervisadas por organismos internacionales de derechos humanos.
Durante una conferencia de prensa, el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Arturo Medina, detalló los avances de las diez acciones operativas junto a Martha Lidia Pérez Gumecindo, titular de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB). El funcionario atribuyó las localizaciones al trabajo coordinado entre dependencias federales, los gobiernos de las 32 entidades federativas y los colectivos de familiares.
Más de 18 mil personas desaparecidas conforman el universo global reportado, dentro del cual destacan 4 mil 408 casos resueltos mediante la Alerta Nacional de Búsqueda Inmediata, cifra que representa 935 localizaciones adicionales frente al corte previo. Este centro de mando opera las 24 horas en coordinación con la Guardia Nacional, la Fiscalía General de la República y autoridades de trece estados del país.
Por otra parte, la Plataforma Única de Identidad permitió ubicar a 6 mil 939 ciudadanos mediante cruces automatizados en bases de datos públicas y privadas que detectan trámites recientes. Adicionalmente, en coordinación con gobiernos estatales, se documentaron 5 mil 688 hallazgos inscritos en el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, sumando otras 1 mil 473 personas localizadas con vida en recorridos territoriales.
Más de 18 mil personas desaparecidas encontradas respaldan el proceso de depuración metodológica que especialistas nacionales e internacionales realizan junto a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Este grupo multidisciplinario valida criterios diferenciados para garantizar información confiable y emitir recomendaciones normativas que fortalezcan la precisión estadística en todo el territorio nacional.
Medina explicó que, tras la reforma legal de 2025, cada nuevo expediente incorporado al registro oficial cuenta obligatoriamente con una carpeta de investigación abierta. Asimismo, las fiscalías locales revisan expedientes anteriores que carecían de seguimiento ministerial, mientras la CNB incorpora drones con visión nocturna, cámaras térmicas, tecnología LiDAR y unidades caninas K9 para rastreos complejos.
En el ámbito preventivo, las autoridades federales dieron de baja 2 mil 434 perfiles digitales y retiraron 682 publicaciones vinculadas con posibles redes de reclutamiento forzado. Estas labores se complementan con talleres de ciberseguridad impartidos en planteles educativos, alcanzando a más de cien mil estudiantes y ciudadanos en distintas regiones del país.
Más de 18 mil personas desaparecidas localizadas contrastan con las diferencias surgidas recientemente entre familias buscadoras e instancias de procuración de justicia. Aunque la secretaria Rosa Icela Rodríguez sostuvo encuentros con agrupaciones como Rastreadoras del Fuerte, colectivos de doce entidades suspendieron unilateralmente una mesa de diálogo convocada por la fiscalía federal y la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas.
Ante la interrupción de las pláticas, la fiscalía refrendó su apertura al diálogo respetuoso y aseguró que las indagatorias continúan activas. Paralelamente, el debate escaló al ámbito internacional luego de que el Comité contra la Desaparición Forzada de la Organización de las Naciones Unidas activara en abril de 2026 el artículo 34 de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas.
Más de 18 mil personas desaparecidas halladas constituyen el principal argumento diplomático del gobierno de Claudia Sheinbaum para rechazar que exista una práctica sistemática tolerada por el Estado. Tras la presentación del informe ante la Tercera Comisión de la Asamblea General de las Naciones Unidas, Gobernación y Cancillería destacaron que ningún país promovió resoluciones sancionadoras adicionales contra México.
Mientras los familiares demandan mecanismos internacionales de asistencia forense y justicia efectiva, las instituciones nacionales mantienen el compromiso de fortalecer los operativos en campo.
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