Local 19 noviembre, 2026

Samuel García acumula casi 60 mil millones de pesos pendientes de aclarar según ASENL

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Samuel García encabeza la administración estatal en Nuevo León que acumula casi 60 mil millones de pesos pendientes de aclarar, de acuerdo con los resultados de fiscalización presentados por la Auditoría Superior del Estado correspondientes a la Cuenta Pública 2025. El monto detectado supera en más de 124 por ciento la inversión consolidada reportada para las Líneas 4 y 6 del Sistema de Transporte Colectivo Metrorrey.

Durante la revisión del gasto público, el órgano fiscalizador contabilizó 8 mil 902 observaciones no solventadas cuyo impacto económico y financiero asciende a casi 59 mil 534 millones de pesos. Esta cifra rebasa por 11 mil 533 millones 407 mil 440 pesos los 48 mil millones informados para las nuevas líneas del Metro, equivalentes a casi una cuarta parte adicional de dicho costo.

Samuel García y el alcance de las observaciones en la Cuenta Pública 2025

Los informes de revisión fueron expuestos por el auditor Alejandro Reynoso Gil durante su comparecencia ante el Congreso del Estado de Nuevo León, donde detalló las irregularidades detectadas en el ejercicio presupuestal. La fiscalización abarcó el seguimiento administrativo y financiero de diversos programas y contratos ejecutados por la autoridad estatal.

La inversión de 48 mil millones de pesos contemplada para las Líneas 4 y 6 incluye trabajos de construcción, ampliaciones, labores técnicas de la Comisión Federal de Electricidad y servicios de supervisión. Al comparar ambos rubros, el volumen de recursos por solventar evidencia la magnitud de las aclaraciones pendientes en el gasto estatal.

El titular de la fiscalización precisó que estas observaciones deben atravesar su respectivo procedimiento legal de solventación ante la autoridad competente. Por ello, el monto señalado no equivale automáticamente a un desvío o daño patrimonial acreditado de manera definitiva.

Samuel García y los depósitos a despacho vinculado a su familia

Entre los hallazgos presentados ante el poder legislativo local destacan 786 depósitos que sumaron mil 696.6 millones de pesos a un despacho jurídico y fiscal ligado a la familia del gobernador. El informe también incorporó revisiones sobre movimientos financieros relacionados con proveedores del sector público.

El auditor confirmó que dichas operaciones involucran al mandatario estatal, aunque reservó los nombres de empresas y servidores públicos específicos debido al sigilo que exigen las investigaciones. Esta reserva busca resguardar el debido proceso y la integridad de las diligencias en curso.

El análisis de estos flujos financieros forma parte de los expedientes que requieren documentación probatoria y respaldo contable por parte de los sujetos obligados. Las instancias correspondientes darán seguimiento a cada requerimiento conforme a los plazos establecidos por la normativa vigente.

Samuel García ante la fiscalización en Monterrey y el Congreso local

La comparecencia en Monterrey colocó en el centro del debate público la rendición de cuentas y los controles internos del gobierno estatal. Legisladores locales y especialistas en fiscalización analizan el alcance de los señalamientos expuestos durante la presentación del informe.

La revisión de la Cuenta Pública constituye uno de los mecanismos centrales de supervisión parlamentaria sobre el uso de los recursos provenientes de los contribuyentes. A través de este proceso, se verifica la congruencia entre el presupuesto autorizado, las adjudicaciones realizadas y los registros contables entregados.

A medida que avance el periodo de aclaraciones, la administración estatal deberá presentar la evidencia documental necesaria para desvirtuar o atender cada una de las observaciones formuladas. El cumplimiento de estos requerimientos determinará el estatus final de los montos observados.

Samuel García frente al proceso de solventación administrativa

El seguimiento de estas 8 mil 902 observaciones marcará la agenda de control financiero y transparencia pública en la entidad durante los próximos meses. Tanto las autoridades fiscalizadoras como los actores políticos observarán de cerca la respuesta institucional ante los señalamientos presentados.

El esclarecimiento de cada partida permitirá precisar qué recursos cuentan con respaldo adecuado y cuáles requieren medidas adicionales conforme a la ley.

Para enterarte de más, visita Periódico El Nacional.

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