Ingram, Texas, registró un cambio en su actividad policial después de que el departamento local firmara un acuerdo con el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE). En menos de un año, sus dos patrulleros acumularon 194 incidentes relacionados con inmigración, una cifra equivalente a cerca del 10 por ciento de los aproximadamente mil 900 habitantes del pueblo, según una investigación de ProPublica retomada por Uno TV.
El acuerdo se firmó mediante el programa federal 287(g), que permite a policías locales ejercer funciones migratorias bajo supervisión federal. Ingram tiene una población latina considerable y aún se recuperaba de las inundaciones de 2025.
A finales de 2025, el patrullero Jaron Alexander propuso la iniciativa al jefe policial, Dustin Breshears. Ingram eligió el modelo de fuerza de tarea, que habilita a los agentes participantes a realizar determinadas labores migratorias durante sus actividades habituales, incluidas las paradas de tránsito.
Breshears informó al concejo municipal que los dos patrulleros habían efectuado 162 paradas vehiculares en apenas 20 días. En dos meses, las paradas superaron el total del año anterior. En aproximadamente tres meses, al menos 70 personas habían sido entregadas a las autoridades migratorias; después, la cifra rebasó las 100.
Ingram enfrenta cambios en sus operaciones policiales
Para agosto de 2026, el jefe contabilizó 194 “incidentes relacionados con inmigración”, aunque no pudo establecer cuántos terminaron en deportación. Por eso, los incidentes no deben interpretarse automáticamente como expulsiones confirmadas.
Entre las personas detenidas estuvo Ulices Macias, arrestado por Alexander el 28 de diciembre de 2025 durante una parada que dejó a su pareja y a su hija de apenas dos semanas. También fue detenida Cinthya Carranza, madre soltera que había solicitado asilo y que, según el reporte, fue arrestada en un autolavado cuando iba a recoger a sus hijos de la escuela.
El impacto alcanzó a los negocios. Los pedidos para llevar de un restaurante mexicano cayeron de aproximadamente 200 a 50 diarios. Una familia firmó ante notario documentos de tutela por si los padres eran detenidos.
Breshears y Alexander rechazaron haber dirigido sus acciones contra la comunidad latina. Según el jefe, las paradas a latinos eran proporcionales a su presencia en la población. Alexander defendió la participación al señalar que los departamentos que reciben fondos federales deben cumplir el trabajo acordado, aunque reconoció que le resulta difícil cuando las detenciones separan familias.
ICE explica que los acuerdos 287(g) permiten delegar ciertas funciones migratorias a agentes locales capacitados. En el modelo de fuerza de tarea, los policías pueden ejercer esa autoridad durante tareas rutinarias, bajo supervisión federal. Los agentes deben cumplir requisitos y capacitarse.
El alcance depende del modelo: fuerza de tarea opera en la calle; otros modelos se limitan a personas bajo custodia o a órdenes de arresto. Una infracción de tránsito puede derivar en una revisión migratoria.
Ingram registra 194 incidentes migratorios tras acuerdo con ICE
Las personas que enfrentan una parada de tránsito conservan derechos. La guía de la ACLU recomienda mantener las manos visibles y mostrar licencia, registro y comprobante de seguro cuando se soliciten. También indica que conductores y pasajeros pueden guardar silencio sobre ciudadanía, lugar de nacimiento o forma de entrada al país, y que no deben mentir ni presentar documentos falsos. La organización ofrece información adicional sobre derechos de inmigrantes y recursos para conocer qué hacer durante una interacción con la policía.
Según Uno TV, el gobierno federal ofreció pagos para equipamiento, transporte y gastos de personal, además de incentivos por desempeño. Entre los apoyos descritos figuraban 7 mil 500 dólares por agente capacitado para equipos y comunicaciones, y 100 mil dólares por acuerdo para vehículos y transporte.
Se contemplaba reembolsar sueldo y prestaciones, cubrir horas extra y otorgar bonos trimestrales ligados a la localización de personas asignadas por ICE. Los incentivos dependen de los términos del programa. La información está disponible en el portal oficial de ICE y el Departamento de Seguridad Nacional.
Alexander recibió 18 mil 793 dólares por nueve meses de trabajo en la fuerza de tarea, además de un sueldo base cercano a 70 mil dólares. Con recursos relacionados con ICE, la ciudad contrató a dos policías más; el concejo también aprobó un aumento salarial de 18 mil dólares para Breshears.
El caso muestra cómo una política federal puede modificar a una policía pequeña y afectar la vida familiar y económica. También obliga a distinguir entre incidentes, detenciones y deportaciones confirmadas.
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