Kast reconoció que su gobierno cometió un “error” al reducir las condenas de 56 personas sentenciadas por delitos sexuales contra menores, una decisión que desató una crisis política en Chile. El presidente afirmó que el Estado falló a las víctimas y sostuvo que no existe explicación que justifique que un agresor salga antes de prisión. Sus declaraciones fueron transmitidas desde el Palacio de La Moneda, acompañado por integrantes de su gabinete.
Los decretos fueron emitidos entre marzo y septiembre de 2026 por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, encabezado por Fernando Rabat. Según la investigación de Interferencia, 27 beneficios correspondieron a condenados por abuso sexual de menores y 29 a personas sentenciadas por violación. El caso provocó cuestionamientos de la oposición y de organizaciones de derechos humanos.
El mandatario asumió la responsabilidad política, pero descartó destituir a Rabat, quien firmó los decretos. Dijo que el ministro reconoció la gravedad del asunto y seguirá en el cargo para esclarecer el procedimiento, encabezar las correcciones y evitar que vuelva a suceder. Legisladores opositores han exigido la salida del titular de Justicia y de otros funcionarios.
El origen de la controversia se conoció el 21 de octubre, cuando Interferencia publicó la investigación sobre las reducciones de condena. Días después, El Mostrador difundió información sobre beneficiados, incluidos condenados por violaciones de derechos humanos durante la dictadura de Augusto Pinochet.
El debate se centra en la Ley 19.856, que regula la reducción de condenas por conducta sobresaliente durante el cumplimiento de una pena. Una modificación legal de 2022 excluyó del beneficio a personas condenadas por delitos sexuales contra menores, pero el Gobierno argumentó que algunos casos correspondían a hechos anteriores a la reforma.
Rabat defendió inicialmente las decisiones con argumentos jurídicos y referencias a la jurisprudencia. Sin embargo, la presidenta de la Corte Suprema de Chile, Gloria Ana Chevesich, señaló que los decretos fueron dictados por el ministro dentro de las facultades legales del Ejecutivo y explicó que los tribunales no podían pronunciarse si no se presentaba un recurso contra las decisiones.
La controversia también se relaciona con el procedimiento administrativo que permite tramitar las rebajas. La ley contempla la intervención del Ministerio de Justicia y de una comisión que evalúa antecedentes sobre la conducta penitenciaria. El debate se concentra en cómo se interpretó la exclusión legal y qué mecanismos existen para revisar los decretos emitidos.
El presidente anunció que el Gobierno suspenderá nuevos decretos de rebaja de condena mientras el Congreso Nacional analiza una solución legislativa. También dijo que presentará un proyecto de ley para cerrar lo que considera un vacío legal e impedir que personas condenadas por violación o abuso sexual contra menores vuelvan a recibir estos beneficios.
Las medidas no han satisfecho a todos los sectores. El diputado oficialista Diego Schalper consideró que reconocer el error era una primera señal, mientras la senadora opositora Fabiola Campillai pidió la renuncia de Rabat y del subsecretario Luis Silva. El diputado Gonzalo Winter criticó que no se anunciaran responsabilidades políticas adicionales.
Amnistía Internacional también cuestionó la respuesta del Ejecutivo. Su director en Chile, Rodrigo Bustos, afirmó que las víctimas no habían sido escuchadas y planteó dudas sobre cuánto sabía el presidente de las decisiones de su administración. Sus declaraciones fueron recogidas por medios chilenos durante la polémica.
El caso ha golpeado la imagen del Gobierno. Según la encuesta Plaza Pública citada por BBC News Mundo, el 66% desaprobaba la gestión de Kast y el 92% rechazaba los beneficios concedidos. Las cifras corresponden al sondeo mencionado en el reporte y no representan una medición permanente de la opinión pública.
La controversia sigue abierta: suspender nuevos decretos no revierte automáticamente los beneficios otorgados. Cualquier revisión deberá considerar las vías legales disponibles y las circunstancias de cada expediente. El Gobierno enfrenta presión para explicar cómo se aprobaron las rebajas, qué controles fallaron y qué garantías ofrecerá para que las víctimas sean consideradas en futuras decisiones. La oposición evalúa impulsar acciones políticas contra el ministro.
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Kast enfrenta una crisis política por beneficios a 56 condenados.
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