México rechazó la interpretación del Comité contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas sobre la aplicación del artículo 34 de la Convención internacional en el país. La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, defendió la estrategia federal de búsqueda y señaló que el gobierno ha reforzado instituciones y mecanismos para localizar personas desaparecidas.
En un mensaje difundido en redes sociales, Rodríguez retomó la postura presentada ante la Tercera Comisión de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas. En esa sesión, el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Arturo Medina Padilla, afirmó que el Estado mexicano “no consiente ni tolera” la desaparición de personas.
La funcionaria destacó el fortalecimiento de la Comisión Nacional de Búsqueda, las fiscalías y los mecanismos de identificación humana. También mencionó la revisión científica del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, así como la puesta en marcha de una alerta nacional para agilizar las búsquedas inmediatas.
De acuerdo con Rodríguez, el gobierno informó que más de 16 mil personas fueron localizadas durante este año mediante la Alerta Nacional de Búsqueda Inmediata y otras medidas.
México y la postura de Rosa Icela Rodríguez ante la ONU
Durante su intervención, Medina Padilla sostuvo que la búsqueda de personas es una prioridad nacional y que las labores no se detienen. Reconoció el dolor de las madres y familias buscadoras, y afirmó que todos los casos deben investigarse y sancionarse.
Medina también afirmó que el país mantiene una política de diálogo y cooperación internacional. Mencionó la colaboración con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, así como con Alemania, España, Noruega, Guatemala, Canadá y Países Bajos. Añadió que existe cooperación con el Fondo de Población de las Naciones Unidas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
El desacuerdo se centra en la interpretación del artículo 34 de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas. El gobierno mexicano rechazó la lectura del Comité contra la Desaparición Forzada, órgano especializado de Naciones Unidas que examina el cumplimiento de ese tratado.
Según el posicionamiento del Estado, las desapariciones son cometidas principalmente por grupos delictivos y, en algunos casos, por autoridades municipales. Medina contrastó esa situación con el pasado, cuando, afirmó, la desaparición forzada se ordenaba desde las altas esferas del poder político.
México defiende su estrategia nacional de búsqueda
Por su parte, el Comité ha señalado que existen indicios bien fundados de desapariciones forzadas generalizadas o sistemáticas en México. Su presidente, Juan Pablo Albán, sostuvo que el procedimiento previsto en el artículo 34 puede abrir una oportunidad para ofrecer asistencia y cooperación internacional frente a la crisis.
El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, conocido como Centro Prodh, criticó la postura mexicana y consideró que rechazar la evaluación internacional no responde a la dimensión de la crisis. La organización indicó que Albán reconoció esfuerzos del Estado, pero también advirtió sobre problemas estructurales persistentes.
En un pronunciamiento difundido en X, el Centro Prodh señaló que centrar el debate en las cifras y no reconocer factores como la impunidad y la colusión dificulta diseñar respuestas extraordinarias para las familias. También sostuvo que la cooperación internacional no debe depender únicamente de la voluntad del gobierno, sino garantizar independencia, transparencia y participación de las víctimas.
La organización expresó además su rechazo a que familiares de personas desaparecidas fueran retirados de la sala de Naciones Unidas después de mostrar fotografías de sus seres queridos. Subrayó que las familias han sido fundamentales para sostener las búsquedas y exigir verdad, justicia y reparación.
México ante el Comité contra la Desaparición Forzada
El Centro Prodh pidió que las víctimas participen en cualquier mecanismo internacional que se establezca para atender la situación. De acuerdo con la información difundida, México continúa bajo consideración de la Asamblea General, pero hasta ese momento no se habían aprobado medidas específicas de asistencia internacional mediante este procedimiento.
La controversia enfrenta la defensa gubernamental de sus acciones actuales con las exigencias de organizaciones de derechos humanos.
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