México enfrenta nuevas observaciones sobre el manejo de recursos públicos luego de que una auditoría de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno detectara pagos por 592.3 millones de pesos relacionados con las becas Benito Juárez durante los ejercicios 2024 y 2025.
De acuerdo con el informe citado por La Jornada, los recursos fueron entregados a 67 mil 142 estudiantes cuyos datos no pudieron validarse ante el Registro Nacional de Población. La revisión forma parte de un conjunto de auditorías realizadas sobre el ejercicio de recursos federales correspondiente a 2025.


México ante los pagos observados en becas Benito Juárez
Las observaciones no significan por sí mismas que todos los recursos hayan representado un daño patrimonial definitivo, pues el propio informe señala que algunos casos pueden encontrarse en proceso de aclaración ante las autoridades competentes.
La auditoría también encontró problemas relacionados con las tarjetas utilizadas para entregar los apoyos. Durante 2024, el Banco del Bienestar no entregó 95 mil 960 tarjetas, aunque 94 mil 251 aparecían como activas.
La normativa establece que las cuentas deben activarse después de que las personas beneficiarias reciben sus tarjetas bancarias. Sin embargo, la revisión detectó que a mil 78 cuentas se les dispersaron 8.6 millones de pesos.

México revisa recursos de las becas Benito Juárez
El programa de Becas Benito Juárez está dirigido a estudiantes de escuelas públicas. La Coordinación Nacional de Becas administra distintas modalidades educativas.
Además, la auditoría identificó otros 8.5 millones de pesos entregados a mil 376 alumnos inscritos en escuelas consideradas no prioritarias. El hallazgo se suma a las observaciones sobre la validación de los beneficiarios.
Las anomalías en las becas forman parte de un universo mayor. Según el informe citado, la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno observó irregularidades por al menos 5 mil 639 millones de pesos en el ejercicio de recursos públicos federales.
La dependencia, cuya misión incluye la fiscalización y prevención de la corrupción, identificó la mayor cantidad de recursos observados en fondos federales transferidos a los estados.
En ese apartado se registraron 48 observaciones por mil 602 millones de pesos. Entre los montos más elevados aparecen 751.4 millones para infraestructura hospitalaria y 716.5 millones para agua potable.
En el primer caso se señalaron falta de devengo, documentación comprobatoria insuficiente y ausencia de elementos que justificaran el gasto. En el segundo se reportaron falta de aportaciones estatales, deficiencias en obra pública, irregularidades volumétricas y recursos sin comprobar.
Las revisiones también abarcaron obra pública, donde se determinaron 161 hallazgos por 979.5 millones de pesos. Entre ellos se contabilizaron 31 casos de pagos en exceso y 25 correspondientes a trabajos pagados que no habían sido ejecutados.
En materia de adquisiciones públicas, las observaciones alcanzaron 259.5 millones de pesos, principalmente por penas convencionales que, de acuerdo con la revisión, eran procedentes.
Los órganos internos de control reportaron además situaciones específicas. En el Instituto Nacional de Migración, fallas en la supervisión derivaron en ingresos no reportados o enterados fuera de plazo por 537.6 millones de pesos.
En Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México, la revisión detectó un posible daño patrimonial de 419.5 millones de pesos. En el Centro Nacional de Control de Energía, se identificó el uso de 295.7 millones de pesos de disponibilidades financieras para gasto corriente sin contar con autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
El informe también reporta recursos que ya fueron reintegrados a la Tesorería de la Federación, así como cantidades que permanecen pendientes de aclaración.
La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno verificó reintegros por 968.7 millones de pesos en programas federalizados. De esa cantidad, 563 millones fueron devueltos durante 2024.

México y los pagos por 592.3 millones de pesos
En materia de obra pública se recuperaron 70.4 millones de pesos, mientras permanecen 680.4 millones sujetos a aclaración. En el caso del Instituto Nacional de Migración, fueron enterados 284.1 millones a la Tesorería y otros 399.6 millones se remitieron al Servicio de Administración Tributaria como créditos fiscales.
Las observaciones deberán seguir los procedimientos correspondientes para determinar si los recursos fueron correctamente utilizados, reintegrados o aclarados. El informe advierte que algunos casos pueden encontrarse todavía en proceso de revisión o formar parte de procedimientos deliberativos de las autoridades competentes.
La revisión busca fortalecer el control, transparencia y rendición de cuentas sobre recursos públicos federales.
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