AMLO acusó a autoridades de Estados Unidos de fabricar expedientes y utilizar “pruebas hechizas” contra el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y el senador morenista Enrique Inzunza Cázarez, según lo expuesto por el expresidente en su libro Pueblo.
La acusación aparece en el proceso iniciado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos contra Rocha, Inzunza y otros funcionarios y exfuncionarios sinaloenses, señalados por presuntos delitos relacionados con narcotráfico, armas y supuestos vínculos con el Cártel de Sinaloa.


AMLO señala fabricación de pruebas contra Rocha
AMLO sostuvo que el procedimiento tiene un componente político y electoral. En el texto atribuido al exmandatario, cuestionó el uso de testigos protegidos, filtraciones y exposición pública de las acusaciones, además de señalar que las autoridades estadounidenses habrían recurrido a expedientes construidos con pruebas que calificó como “hechizas”.
El señalamiento contra los funcionarios de Sinaloa se hizo público el 29 de abril de 2026. El Departamento de Justicia estadounidense presentó acusaciones ante un tribunal federal de Nueva York contra Rocha, Inzunza y otros ocho funcionarios o exfuncionarios.
De acuerdo con la acusación difundida entonces, los señalados habrían colaborado presuntamente con integrantes del Cártel de Sinaloa para facilitar actividades relacionadas con narcóticos, a cambio de sobornos, respaldo político y protección institucional.
El expediente estadounidense incluyó al gobernador con licencia y al senador, además de funcionarios vinculados con áreas de seguridad y administración pública en Sinaloa. Las imputaciones corresponden a una fiscalía federal de Nueva York.
Inzunza ha rechazado las acusaciones formuladas en su contra y negó haber tenido contacto con autoridades estadounidenses. Las posiciones corresponden a partes distintas del proceso.
En su libro, López Obrador sostuvo que Washington busca responsabilizar a México por problemas como el consumo de drogas y la migración que enfrenta Estados Unidos. El expresidente presentó el caso como una estrategia que, según su interpretación, tendría objetivos políticos y electorales.
AMLO también recordó la postura de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien había señalado que las autoridades mexicanas requerían elementos probatorios para actuar contra los funcionarios mencionados.

AMLO cuestiona el proceso contra Enrique Inzunza
La discusión ocurre en medio de una relación bilateral marcada por señalamientos sobre seguridad, narcotráfico y migración. La acusación estadounidense debe distinguirse de las conclusiones de las autoridades mexicanas, que mantienen una investigación propia.
En julio, la Fiscalía General de la República informó que no contaba con pruebas suficientes para acreditar, bajo el estándar jurídico mexicano, los posibles vínculos de Rocha Moya y otros señalados con el crimen organizado.
David Boone de la Garza, titular de la Fiscalía Especializada de Control Regional, explicó que la investigación continuaba y que, con base en la solicitud estadounidense, no existían elementos que alcanzaran el parámetro probatorio mínimo requerido por la legislación mexicana.
La FGR aclaró que la ausencia de pruebas suficientes en ese momento no significaba el cierre de la investigación. La institución continuaba recabando información sobre los hechos y personas mencionadas.
Este punto es relevante porque las acusaciones de Estados Unidos y la investigación mexicana corresponden a procedimientos diferentes. Mientras Washington presentó una acusación formal ante una corte federal, México mantiene su propia indagatoria y sus autoridades deben valorar los elementos conforme a sus reglas procesales.
Las declaraciones del expresidente fueron difundidas el 5 de octubre, después de la publicación de extractos de Pueblo. En el texto, López Obrador retomó el expediente de Sinaloa y cuestionó el procedimiento utilizado por las autoridades estadounidenses.
El caso mantiene repercusiones en la relación entre México y Estados Unidos. Rocha Moya permanece como gobernador con licencia de Sinaloa, mientras Inzunza ocupa un escaño en el Senado de la República.
Hasta ahora, las posiciones siguen siendo distintas: Estados Unidos sostiene sus acusaciones ante su sistema judicial; los señalados han rechazado los señalamientos, y la FGR continúa investigando sin contar, hasta julio, con pruebas suficientes bajo el estándar mexicano.

AMLO habla sobre el caso de Sinaloa
La acusación de AMLO sobre una supuesta fabricación de pruebas forma parte de su interpretación del caso y no constituye una determinación judicial sobre la validez de las evidencias estadounidenses. El proceso deberá determinar qué elementos pueden acreditarse ante las autoridades competentes y sigue bajo revisión oficial.
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