AMLO dejó un registro de 337 periodistas y personas defensoras de derechos humanos asesinados durante su administración, de acuerdo con una investigación publicada por el Berkeley Human Rights Center (HRC), de la Universidad de California en Berkeley. El estudio abarca el periodo de 2018 a 2024 y también documenta casos de vigilancia, acoso y procesos legales contra integrantes de estos grupos.
La investigación, titulada “Under Attack: Targeting of Journalists and Human Rights Defenders in Mexico”, creó una base de datos con las identidades de las víctimas y analizó distintos mecanismos de presión utilizados contra periodistas y defensores durante el sexenio.

De acuerdo con el Berkeley Human Rights Center, de las 337 personas asesinadas identificadas por la investigación, 78 eran periodistas y 259 eran defensores de derechos humanos. El centro señala que sus datos buscan documentar los casos de manera sistemática mediante una plataforma pública y una base de datos consultable.

AMLO ante señalamientos sobre periodistas asesinados
El estudio sostiene que periodistas y defensores que investigaban o denunciaban delitos, corrupción y abusos de autoridades fueron objeto de distintas formas de presión. Entre ellas, la investigación menciona señalamientos públicos, acoso digital, vigilancia y procesos legales que considera abusivos.
La investigación surgió después de la filtración de aproximadamente seis terabytes de correos electrónicos y archivos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), conocida como Guacamaya Leaks, ocurrida en 2022. El material permitió a los investigadores revisar documentos relacionados con las capacidades de vigilancia y las operaciones de inteligencia militar.
Uno de los apartados de la investigación se concentra en el uso de herramientas de vigilancia digital. El HRC señala que su análisis forense encontró evidencia de que el software espía Pegasus continuó siendo utilizado durante el gobierno de López Obrador.
El estudio también identifica otras herramientas, entre ellas Geomatrix, de la empresa Rayzone, y Cellebrite UFED, una tecnología utilizada para extraer y analizar información almacenada en dispositivos electrónicos. Según el HRC, algunas de estas herramientas fueron utilizadas contra periodistas, defensores e incluso investigadores que realizaban labores de supervisión gubernamental.
El centro de Berkeley sostiene que parte de estas actividades se realizó sin autorización judicial y afirma que la documentación revisada permitió rastrear adquisiciones y operaciones de herramientas de espionaje por parte de la Sedena.
El señalamiento contrasta con declaraciones realizadas durante el sexenio por López Obrador, quien negó que su administración espiara a periodistas o críticos. El estudio presenta su propia investigación forense y documental como sustento de sus conclusiones sobre vigilancia.
Otro de los capítulos está relacionado con el discurso público desde la Presidencia. El HRC afirma que periodistas fueron señalados y estigmatizados durante las conferencias matutinas del entonces presidente.
Lindsay Freeman, directora sénior de Responsabilidad Internacional del Berkeley Human Rights Center, declaró en la presentación de la investigación que los periodistas y defensores fueron tratados como adversarios por exigir responsabilidades a las autoridades. Esa valoración corresponde a la responsable del proyecto y forma parte de las conclusiones publicadas por el centro universitario.

AMLO y periodistas durante las mañaneras
El estudio también revisó más de mil 400 conferencias presidenciales mediante herramientas de análisis asistido por inteligencia artificial. El objetivo fue identificar patrones relacionados con menciones, señalamientos y referencias hacia periodistas y defensores.
Además, la plataforma incorpora 75 expedientes de casos, organigramas relacionados con el aparato de seguridad mexicano y apartados dedicados a vigilancia, acoso en línea, procesos legales, violencia física e impunidad.
La investigación señala que la impunidad en los delitos cometidos contra periodistas y defensores se mantuvo, según sus cálculos, entre 93 y 99 por ciento durante el periodo analizado. El HRC interpreta esta falta de consecuencias como un elemento que permitió la continuidad de los ataques contra integrantes de estos grupos.
El estudio fue concebido inicialmente como un documento para una posible presentación ante la Corte Penal Internacional, además de contemplarse como un caso relacionado con una política de la Fiscalía sobre delitos cometidos mediante medios cibernéticos.
Sin embargo, el HRC explicó que las sanciones del gobierno de Estados Unidos contra la Corte Penal Internacional dificultaron utilizar esa vía jurídica. Por esa razón, los investigadores decidieron convertir el trabajo en una plataforma pública con información sobre las víctimas, los casos estudiados y los mecanismos de vigilancia y persecución documentados.

AMLO durante una conferencia matutina en Palacio Nacional
El Berkeley Human Rights Center presenta la investigación como un registro del periodo 2018-2024 y como un análisis de las condiciones enfrentadas por periodistas y defensores durante ese gobierno. Las cifras y conclusiones corresponden al estudio publicado por la institución, mientras que las responsabilidades penales individuales de los casos deben determinarse mediante las investigaciones y procesos judiciales correspondientes.
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