Bukele volvió a quedar en el centro del debate sobre derechos humanos luego de que la organización Socorro Jurídico Humanitario (SJH) denunciara que al menos 554 personas han fallecido bajo custodia del Estado durante la aplicación del régimen de excepción en El Salvador, vigente desde marzo de 2022 como parte de la estrategia del Gobierno contra las pandillas.
El nuevo balance fue presentado por la organización, que brinda acompañamiento legal a familiares de personas detenidas durante esta medida. Según el informe, los fallecimientos estarían relacionados con distintas circunstancias, entre ellas presuntas agresiones y falta de atención médica dentro de los centros penitenciarios.
Hasta el momento, el Gobierno del presidente Nayib Bukele no ha emitido una respuesta pública sobre las cifras presentadas ni ha difundido un registro oficial que permita contrastar los datos documentados por la organización.
Bukele enfrenta señalamientos por muertes bajo custodia
De acuerdo con Socorro Jurídico Humanitario, el 94 por ciento de las personas fallecidas no tenía perfil de pandillero y perdió la vida mientras permanecía bajo custodia del Estado sin haber recibido una sentencia condenatoria.
La organización indicó que el registro comprende casos ocurridos desde el inicio del régimen de excepción, aunque considera que el número real podría ser superior debido a la falta de información pública y a las dificultades para documentar expedientes individuales dentro de procesos masivos.
Asimismo, el informe incluye personas que fallecieron dentro de los centros penitenciarios y otras que murieron después de recuperar la libertad por enfermedades que, según las denuncias, habrían sido adquiridas o no atendidas durante su permanencia en prisión.
La agrupación aclaró que estas circunstancias forman parte de sus investigaciones y denuncias, por lo que no constituyen resoluciones judiciales definitivas.
Bukele mantiene el régimen de excepción
El régimen de excepción fue aprobado el 27 de marzo de 2022, tras una escalada de homicidios atribuida a las pandillas, y desde entonces ha sido prorrogado en 53 ocasiones.
Durante este periodo, las autoridades salvadoreñas han detenido a más de 92 mil 480 personas, señaladas de pertenecer o colaborar con organizaciones criminales.
La medida amplía los plazos de detención y suspende temporalmente algunas garantías constitucionales, como el derecho inmediato a la defensa y la inviolabilidad de las comunicaciones.
El Gobierno sostiene que esta estrategia ha permitido reducir significativamente los homicidios, debilitar a las pandillas y recuperar territorios que anteriormente permanecían bajo control de grupos criminales.
Bukele conserva respaldo por su estrategia de seguridad
La administración de Nayib Bukele continúa defendiendo el régimen de excepción como el eje principal de su política de seguridad pública.
Según el Gobierno, las acciones implementadas desde 2022 han contribuido a mejorar las condiciones de seguridad en el país y a disminuir la actividad de las estructuras criminales.
Estos resultados han permitido que el mandatario conserve altos niveles de aprobación ciudadana, convirtiendo el combate a las pandillas en uno de los principales pilares de su administración.
Bukele también enfrenta denuncias por derechos humanos
Pese a los resultados que destaca el Gobierno en materia de seguridad, diversas organizaciones nacionales e internacionales han expresado preocupación por las condiciones en que permanecen las personas detenidas.
De acuerdo con las organizaciones humanitarias, se han recibido más de 6 mil 400 denuncias relacionadas con posibles violaciones a derechos humanos durante la aplicación del régimen de excepción.
Entre los señalamientos se encuentran presuntas detenciones arbitrarias, tortura, malos tratos y obstáculos para que los familiares conozcan la ubicación o la situación jurídica de las personas capturadas.
Mientras el Gobierno sostiene que la estrategia ha transformado la seguridad en El Salvador, organizaciones defensoras de derechos humanos continúan solicitando investigaciones independientes sobre las muertes registradas bajo custodia, la identificación de posibles responsabilidades y una mayor transparencia sobre la población penitenciaria.
Hasta ahora, las autoridades salvadoreñas no han respondido públicamente al nuevo informe presentado por Socorro Jurídico Humanitario, por lo que el debate entre seguridad pública y derechos humanos continúa abierto.
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