Histórico cierre de escuelas militarizadas fue ordenado por la Secretaría de Educación Pública (SEP) antes del inicio del ciclo escolar 2026-2027, una medida que también tendrá repercusiones en Nuevo León, donde las autoridades deberán revisar los planteles que operen bajo denominaciones como militar, castrense o militarizada.
La instrucción federal contempla una revisión de las autorizaciones, permisos y Reconocimientos de Validez Oficial de Estudios (RVOE) relacionados con este tipo de instituciones. Los planteles que sean identificados dentro de los criterios establecidos deberán suspender actividades y avanzar hacia su clausura.
La medida ocurre después del caso de Dafne Zapata, una adolescente que falleció durante un campamento de verano de la Academia Militarizada Marina Doenitz, en Ciudad Madero, Tamaulipas. La Fiscalía estatal investiga el caso y ha señalado que existen elementos para esclarecer las circunstancias en las que ocurrió el deceso.
Escuelas militarizadas serán revisadas antes del ciclo escolar
La SEP instruyó a las autoridades educativas estatales realizar una revisión de los planteles que utilicen una denominación vinculada con la formación militar.
El objetivo es determinar cuáles cuentan con autorización para operar, bajo qué modalidad educativa funcionan y si sus permisos y RVOE corresponden con los servicios que ofrecen.
La disposición establece que los centros que entren dentro del esquema señalado deberán suspender actividades y comenzar un proceso de clausura definitiva antes del arranque del próximo ciclo escolar.
El gobierno federal sostiene que la formación castrense no corresponde a instituciones educativas particulares que operan dentro del Sistema Educativo Nacional. La instrucción militar, de acuerdo con la postura expuesta por la SEP, es una atribución que corresponde a las Fuerzas Armadas y a la Guardia Nacional.
La determinación también está relacionada con el modelo de educación promovido por la llamada Nueva Escuela Mexicana, que pone énfasis en los derechos humanos, la convivencia y la cultura de paz.
Escuelas de Nuevo León: qué pasará con el Colegio Militarizado
En Nuevo León existe desde 2019 el Colegio Militarizado “General Mariano Escobedo”, una institución pública estatal que forma parte del sistema educativo de la entidad.
El Gobierno de Nuevo León mantiene información oficial sobre los planteles que integran este colegio, que actualmente cuenta con 11 unidades académicas distribuidas en diferentes municipios.
Entre los municipios donde existen planteles se encuentran Monterrey, San Nicolás, Montemorelos, Apodaca, García, Escobedo, Pesquería, Juárez, Linares, Galeana y Sabinas Hidalgo.
El caso de esta institución requiere una distinción importante: se trata de un colegio público estatal y no de un plantel perteneciente a la Secretaría de la Defensa Nacional.
Por ello, la revisión ordenada por la SEP deberá determinar el alcance de las disposiciones federales y qué instituciones están directamente comprendidas en ellas.
El Colegio Militarizado ofrece educación media superior con un esquema que combina formación académica con actividades físicas, disciplina, valores cívicos e instrucción militarizada.
Su programa de Bachillerato Tecnológico en Logística tiene una duración de tres años y contempla áreas básica, propedéutica, profesional y militarizada.
Esta última no significa que los estudiantes estén cursando una carrera militar. El modelo educativo incorpora actividades relacionadas con disciplina, acondicionamiento físico, valores cívicos e instrucción, con participación de instructores militares profesionales.
Escuelas deberán entregar documentos y devolver pagos
La orden federal también contempla medidas para proteger a los estudiantes que pudieran verse afectados por el cierre de algún plantel.
Una de las principales disposiciones consiste en que las instituciones deberán entregar la documentación académica correspondiente para que los alumnos puedan continuar sus estudios en otros centros educativos.
Esto incluye certificados parciales o totales, dependiendo de la situación académica de cada estudiante.
También se contempla la devolución de recursos correspondientes a servicios que no hayan sido proporcionados.
En ese apartado se incluyen pagos relacionados con reinscripciones, uniformes, útiles escolares y otros conceptos que hayan sido cubiertos previamente por las familias.
La intención es evitar que el cierre de un plantel implique tanto una interrupción académica como una afectación económica para padres, madres y estudiantes.
La revisión de permisos y RVOE será, por tanto, uno de los puntos centrales para determinar cuáles instituciones deberán suspender operaciones y qué procedimiento deberá seguirse en cada caso.
Escuelas militarizadas quedan bajo escrutinio tras caso Dafne
La decisión federal ocurre después de que el caso de Dafne Zapata provocara cuestionamientos sobre el funcionamiento y supervisión de las academias militarizadas.
La adolescente, de 13 años, acudió a un campamento de verano de la Academia Militarizada Marina Doenitz, en Ciudad Madero, Tamaulipas, donde falleció en julio.
La Fiscalía de Tamaulipas informó que el caso es investigado bajo una línea relacionada con feminicidio y señaló que la necropsia estableció como causa de muerte la asfixia por sumersión.
Además, autoridades detuvieron a personal relacionado con la academia mientras continúan las investigaciones. El caso generó cuestionamientos sobre las condiciones en las que operaban las actividades de la institución y sobre los mecanismos de supervisión.
La Secretaría de la Defensa Nacional también aclaró que no mantiene una relación institucional con la Academia Militarizada Marina Doenitz y que no tiene facultades para autorizar, supervisar, inspeccionar o regular este tipo de instituciones educativas.
La precisión resulta relevante debido a que algunas academias militarizadas utilizan conceptos, uniformes o actividades asociadas con las Fuerzas Armadas, pese a que no forman parte de su estructura.
Escuelas deberán adaptarse a la nueva disposición federal
Para las familias con estudiantes inscritos en instituciones que utilicen una formación militarizada, la principal preocupación será conocer si su plantel está incluido en la disposición federal y qué ocurrirá con sus estudios.
En Nuevo León, la existencia del Colegio Militarizado General Mariano Escobedo añade una particularidad al proceso, debido a que se trata de una institución pública estatal que cuenta con una estructura educativa propia y planteles registrados oficialmente por el gobierno estatal.
Por ello, la revisión de las autoridades educativas será determinante para establecer cuáles instituciones deberán suspender operaciones y cuáles quedan fuera del alcance de la medida.
El proceso también obligará a las autoridades a garantizar que los alumnos afectados tengan alternativas para continuar su formación y que reciban la documentación correspondiente.
La SEP busca con esta decisión que los modelos educativos con instrucción castrense no se contrapongan con los principios de derechos humanos y cultura de paz que plantea la política educativa federal.
Así, antes del inicio del ciclo escolar 2026-2027, Nuevo León deberá revisar los planteles que utilicen denominaciones relacionadas con la formación militar y determinar las acciones correspondientes conforme a las disposiciones federales.
El caso Dafne colocó nuevamente bajo el reflector a las escuelas militarizadas y abrió un debate sobre sus métodos de disciplina, supervisión y regulación. Ahora, la revisión ordenada por la SEP podría modificar de manera importante la operación de este tipo de instituciones en México.
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