Morales enfrenta una nueva orden de captura en Bolivia, luego de que la Fiscalía Departamental de Santa Cruz ordenara su aprehensión por su presunta responsabilidad en las protestas y bloqueos de carreteras que mantuvieron paralizado al país durante más de 50 días.
El expresidente boliviano, quien gobernó entre 2006 y 2019, es señalado por las autoridades por seis delitos, entre ellos terrorismo y alzamiento armado contra la seguridad y soberanía del Estado.
La Fiscalía sostiene que el exmandatario tuvo un papel central en las movilizaciones que se desarrollaron entre mayo y junio, mientras Morales rechaza las acusaciones y asegura que existe una persecución política en su contra.
El expresidente, de 66 años, responsabilizó al actual gobierno de Rodrigo Paz de intentar atribuirle las consecuencias de la crisis social y económica que atraviesa Bolivia.
Morales es acusado por los bloqueos en Bolivia
La nueva orden judicial contra Morales surgió a partir de una denuncia presentada por el Comité pro Santa Cruz, encabezado por Stello Cochamanidis Garcés. Posteriormente, el ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo Huerta, se sumó a la acusación.
La Fiscalía sostiene que el exmandatario debe explicar cuál fue su participación en los 53 días de bloqueos de carreteras, así como el significado de las declaraciones en las que habría asumido responsabilidad por las acciones de protesta.
El gobierno de Rodrigo Paz ha rechazado que se trate de una decisión política. José Luis Gálvez, vocero presidencial, aseguró que la orden no fue emitida por el Ejecutivo, sino por la justicia boliviana.
Las movilizaciones fueron impulsadas principalmente como respuesta a las medidas económicas aplicadas por la administración de Paz, además de reclamos relacionados con la inflación y la escasez de combustible.
Morales, por su parte, defendió los bloqueos como una herramienta histórica de presión social y recordó que este tipo de movilizaciones fueron utilizadas en Bolivia para enfrentar gobiernos autoritarios y defender demandas populares.
Sin embargo, las protestas tuvieron consecuencias graves para la población. De acuerdo con la Defensoría del Pueblo de Bolivia, un informe presentado en julio contabilizó 22 personas fallecidas, 88 heridas y 573 detenidas durante los conflictos registrados entre mayo y junio.
Morales enfrenta seis delitos y penas de hasta 30 años
La investigación señala al exmandatario por seis delitos contemplados en el Código Penal boliviano.
Entre las acusaciones aparecen alzamiento armado contra la seguridad y soberanía del Estado, terrorismo, atentado contra la seguridad de los medios de transporte, asociación delictuosa, instigación pública a delinquir y atentado contra la seguridad de los servicios públicos.
No todos los delitos tienen las mismas consecuencias penales. De acuerdo con la legislación boliviana citada en la investigación, los cargos de terrorismo y alzamiento armado contemplan las penas máximas más elevadas entre los delitos atribuidos al expresidente.
El delito de terrorismo puede alcanzar una pena de hasta 20 años de prisión, mientras que el alzamiento armado contra la seguridad y soberanía del Estado puede llegar hasta los 30 años.
La acusación está directamente relacionada con el impacto que tuvieron los bloqueos en diferentes regiones del país.
El informe de la Defensoría del Pueblo señaló que los cortes de carreteras provocaron dificultades para acceder a alimentos, medicamentos y combustible, especialmente en ciudades como La Paz y El Alto.
Los fallecimientos registrados durante ese periodo tuvieron diferentes causas. Once ocurrieron en accidentes de tránsito mientras las víctimas intentaban superar los puntos de bloqueo; tres estuvieron relacionados con enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas de seguridad, y otros tres se produjeron cuando personas intentaban llegar a hospitales.
Morales acusa una “guerra judicial” en su contra
El expresidente rechazó las acusaciones y volvió a denunciar que enfrenta una persecución política.
A través de sus redes sociales, Morales afirmó que las autoridades pretenden responsabilizarlo por las movilizaciones para ocultar, según su versión, la crisis económica y social que atraviesa Bolivia.
El exmandatario también acusó al gobierno de Paz de proteger intereses vinculados con la corrupción y aseguró que sus seguidores continuarán defendiendo sus demandas.
“Nos van a intimidar”, sostuvo Morales al referirse a la nueva acción judicial.
Su posición se suma a una serie de denuncias que el exgobernante ha realizado desde que comenzaron los procesos penales en su contra.
En mayo y junio, Morales respaldó las movilizaciones contra las políticas económicas del gobierno y negó que su intención fuera provocar la salida de Paz del poder.
No obstante, el 24 de mayo publicó un mensaje en el que afirmó que el presidente boliviano tenía dos opciones frente a la crisis: militarizar el país o convocar a elecciones en un plazo de 90 días.
Las autoridades han interpretado declaraciones de ese tipo como elementos que podrían demostrar que Morales tuvo un papel activo en las protestas.
El expresidente, en cambio, sostiene que sus pronunciamientos formaron parte de su respaldo a las demandas de los sectores sociales que participaron en las movilizaciones.
Morales permanece protegido en el Chapare
La nueva orden de captura enfrenta una dificultad importante: Morales permanece en la región del Chapare, en el departamento de Cochabamba, donde cuenta con el respaldo de organizaciones campesinas y de cientos de simpatizantes.
El expresidente lleva más de dos años resguardado en esta zona, considerada uno de sus principales bastiones políticos.
Vicente Choque, dirigente de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia y cercano al exmandatario, afirmó que alrededor de 2 mil personas permanecen vigilando el lugar de manera permanente.
El gobierno ha señalado que esta protección dificulta la ejecución de cualquier orden de aprehensión, debido al riesgo de que una intervención genere enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad y los simpatizantes del exmandatario.
El caso, por tanto, no se limita a una disputa jurídica. La eventual detención de Morales podría provocar una nueva escalada de tensión política y social en Bolivia.
Morales ya tenía otra orden de captura
La situación judicial del expresidente no comenzó con las protestas de 2026.
En 2024, la Fiscalía boliviana emitió una primera orden de captura contra Morales por un caso relacionado con los presuntos delitos de trata y tráfico de personas. La orden fue renovada a mediados de 2025.
Según la acusación, la investigación surgió por la presunta relación que el entonces mandatario habría mantenido en 2015 con una menor de edad, con quien supuestamente tuvo una hija.
Morales ha rechazado esas acusaciones y ha insistido en que el proceso forma parte de una estrategia política para sacarlo de la vida pública.
El proceso judicial comenzó en mayo, pero tuvo que ser suspendido debido a que el expresidente no se presentó ante las autoridades.
Posteriormente fue declarado en rebeldía.
En enero de 2025, Morales aseguró que la persecución judicial en su contra había alcanzado niveles extremos y comparó su situación con los castigos utilizados durante la época colonial contra los pueblos indígenas.
La disputa también tiene antecedentes políticos. Morales fue aliado del expresidente Luis Arce, pero ambos terminaron enfrentados por el control del movimiento político que gobernó Bolivia durante buena parte de las últimas dos décadas.
Morales queda nuevamente en el centro de la crisis boliviana
La nueva orden de captura coloca otra vez al expresidente en el centro de la confrontación política de Bolivia.
Mientras la Fiscalía sostiene que existen elementos para investigarlo por su presunta participación en los bloqueos y las movilizaciones, Morales considera que los procesos judiciales forman parte de una estrategia para responsabilizarlo por una crisis que, según afirma, tiene causas económicas y sociales más profundas.
El escenario es especialmente delicado por el saldo de las protestas: decenas de personas fallecidas, cientos de detenidos y una interrupción prolongada del suministro de combustible, alimentos y medicamentos.
A ello se suma la permanencia del expresidente en el Chapare, rodeado por simpatizantes que han advertido sobre los riesgos de intentar detenerlo por la fuerza.
Por ahora, Morales enfrenta dos grandes frentes judiciales: el proceso relacionado con las acusaciones de trata y tráfico de personas y la nueva investigación por los bloqueos de 2026.
La evolución de ambos casos podría determinar el futuro político del exmandatario, quien continúa siendo una figura con influencia dentro de sectores sociales y campesinos de Bolivia.
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