Reforma sobre feminicidio fue recibida por la Comisión Permanente del Congreso de la Unión tras ser enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum. La iniciativa busca crear una Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar el Delito de Feminicidio, con el objetivo de unificar la legislación en todo el país y fortalecer las sanciones contra quienes cometan este delito.
El proyecto fue turnado a las Comisiones Unidas para la Igualdad de Género, de Justicia y de Estudios Legislativos Primera del Senado, donde iniciará su análisis antes de ser discutido por los legisladores.
La propuesta pretende eliminar las diferencias que actualmente existen entre las entidades federativas en la forma de investigar y sancionar los casos de feminicidio.
Reforma sobre feminicidio propone penas de hasta 70 años
Uno de los principales cambios contemplados en la reforma sobre feminicidio es el establecimiento de una pena base de 50 a 70 años de prisión para quienes sean declarados culpables de este delito.
Además, la iniciativa plantea imponer multas equivalentes a mil y dos mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA).
El proyecto también prevé que la condena pueda incrementarse hasta en una mitad cuando se actualice alguna de las 19 agravantes previstas en la legislación.
Entre ellas se encuentran los casos en que la víctima sea menor de edad, una mujer embarazada, una persona con discapacidad o integrante de una comunidad indígena.
Asimismo, se considera agravante cuando existan acciones destinadas a ocultar la identidad de la víctima o impedir su localización.
Reforma sobre feminicidio contempla sanciones adicionales
Además de las penas de prisión, la iniciativa establece diversas consecuencias jurídicas para las personas responsables del delito.
La reforma sobre feminicidio propone la pérdida de la patria potestad respecto de los hijos en común entre la víctima y el agresor.
También plantea cancelar cualquier derecho sucesorio que el responsable pudiera tener sobre los bienes o patrimonio de la víctima.
Estas medidas buscan ampliar las consecuencias legales más allá de la privación de la libertad y garantizar una mayor protección para las familias afectadas.
Reforma sobre feminicidio unificaría criterios en todo México
El proyecto está integrado por cinco títulos, 62 artículos y 12 disposiciones transitorias, en los que se regulan aspectos relacionados con la prevención, investigación, sanción y reparación integral del daño.
Entre las razones de género que permitirían clasificar una privación de la vida como feminicidio se incluyen antecedentes de violencia sexual, lesiones degradantes como ataques con ácido o estrangulamiento, así como la existencia de una relación sentimental, afectiva o de pareja entre la víctima y el presunto agresor.
También se consideran elementos como la desaparición previa, la incomunicación, la privación ilegal de la libertad y el ocultamiento o abandono del cuerpo en espacios públicos.
El objetivo es establecer criterios homogéneos para todas las autoridades encargadas de investigar estos delitos.
Reforma sobre feminicidio busca coordinación institucional
Otro de los ejes centrales de la propuesta consiste en fortalecer la coordinación entre los distintos niveles de gobierno.
La iniciativa establece reglas para que la Federación, los estados, los municipios y las alcaldías de la Ciudad de México trabajen de manera conjunta en las políticas públicas relacionadas con la prevención y persecución de la violencia de género.
Además, plantea garantizar un enfoque diferenciado para atender a niñas, adolescentes, mujeres indígenas y personas con discapacidad, procurando que las instituciones respondan de acuerdo con las necesidades particulares de cada grupo.
Reforma sobre feminicidio continuará su análisis en el Senado
La reforma sobre feminicidio iniciará ahora su proceso legislativo en las comisiones correspondientes del Senado de la República.
Durante esta etapa, las y los legisladores revisarán el contenido de la iniciativa y podrán realizar modificaciones antes de que sea sometida a discusión y votación en el Pleno.
En caso de ser aprobada por el Congreso de la Unión, la nueva legislación buscará establecer un marco jurídico uniforme para prevenir, investigar y sancionar el feminicidio en todo el país, además de fortalecer la protección de los derechos de las víctimas y sus familias.
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