El productor musical y empresario Diddy volvió a colocarse en el centro de la atención pública tras la presentación de una nueva demanda civil en su contra por una presunta agresión sexual ocurrida hace casi dos décadas, cuando el denunciante asegura que aún era menor de edad.
La acción legal fue presentada de manera anónima ante un tribunal de California y se suma a las diversas denuncias civiles que han sido interpuestas contra el fundador de Bad Boy Records durante los últimos años.
De acuerdo con el documento judicial, los hechos habrían ocurrido en 2007 durante un evento social realizado en Hollywood Hills, Los Ángeles, relacionado con contactos dentro de la industria del entretenimiento. El demandante sostiene que Sean Combs le ofreció conversar sobre posibles oportunidades profesionales y posteriormente lo condujo a una zona privada del inmueble.
La querella señala que, una vez en ese lugar, el empresario habría realizado actos de naturaleza sexual sin consentimiento, pese a la oposición del entonces menor de edad. Asimismo, los abogados del denunciante argumentan que las consecuencias emocionales y psicológicas derivadas de esos hechos han permanecido hasta la actualidad, por lo que solicitan una compensación por daños y perjuicios.
Por su parte, los representantes legales de Combs rechazaron las acusaciones y aseguraron que carecen de fundamento. Su portavoz, Juda Engelmayer, reiteró que el artista niega haber cometido cualquier tipo de agresión sexual contra menores y adelantó que enfrentará el proceso por las vías legales correspondientes.
La demanda también incluye a antiguos representantes del actor, a quienes se les atribuye una supuesta omisión en las medidas de protección mientras el menor participaba en actividades relacionadas con el medio artístico.
Esta nueva acción judicial se suma a otras denuncias civiles presentadas desde 2023 contra el productor musical, quien actualmente cumple una condena superior a cuatro años de prisión tras haber sido declarado culpable en 2025 por delitos relacionados con el transporte de personas con fines de prostitución.
Redacción/El Nacional
