Redacción/El Nacional
El tratado, firmado el 23 de julio de 2013 y que entrará en vigor mañana 1 de septiembre, tiene como objetivos centrales mejorar la cooperación entre los dos países con la intención de reprimir la delincuencia y luchar contra la impunidad.
México y República Dominicana se comprometen a entregar en extradición, de manera recíproca, a las personas contra quienes se haya iniciado un proceso penal o sean requeridas para la imposición o ejecución de una sentencia.
La condena debe implicar una pena privativa de la libertad cuyo término máximo sea mayor de un año y a la persona señalada aún le reste por cumplir al menos seis meses en la cárcel.
No se podrá extraditar a quien sea acusado por delitos políticos o exclusivamente militares; si la solicitud tiene como fin perseguir a una persona por motivos de raza, religión, nacionalidad u opiniones políticas; si la acción penal ha prescrito.
