La nueva política migratoria impulsada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha generado preocupación entre especialistas y organizaciones defensoras de migrantes, al obligar a los solicitantes de la green card a regresar a sus países de origen mientras esperan una resolución sobre su residencia permanente.
La medida elimina la posibilidad de realizar el ajuste de estatus dentro de territorio estadounidense, una práctica vigente desde 1952 que permitía a ciertos migrantes concluir su trámite sin abandonar el país. Ahora, deberán acudir a consulados estadounidenses en sus naciones para completar el proceso.
Expertos estiman que la decisión podría afectar a más de medio millón de personas cada año. Tan solo en el año fiscal 2024, más de 782 mil migrantes obtuvieron la residencia legal mediante el ajuste de estatus, equivalente al 58 por ciento de las residencias otorgadas.
Organizaciones migratorias alertan que la nueva regla podría provocar separación familiar, pérdida de empleos y largos periodos de espera para quienes buscan regularizar su situación migratoria en Estados Unidos.
