Tras una audiencia que se prolongó por más de 12 horas, un juez de control vinculó a proceso a José N, propietario de Proyectos 9, por el delito de fraude específico con grado superlativo, imponiéndole prisión preventiva en el penal de Apodaca.
Además, la autoridad judicial otorgó un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria relacionada con el presunto fraude inmobiliario.
En la misma audiencia también fue vinculado a proceso Manuel Enrique N, quien enfrentará la misma medida cautelar de internamiento preventivo en el Cereso de Apodaca.
De acuerdo con el abogado de las víctimas, Carlos David Esponda Velázquez, el juez ordenó ejecutar la aprehensión de José N luego de que el empresario no acudiera inicialmente a la audiencia por presuntos problemas de salud.
“Estos dos señores ya fueron vinculados a proceso para el delito de fraude específico con grado superlativo”, declaró el litigante.
Esponda Velázquez explicó que ambos permanecerán en prisión preventiva durante el tiempo que dure el proceso penal y señaló que, por el tipo de delito y el monto de afectación, no tendrán derecho a fianza para enfrentar el caso en libertad.
Según detalló, la pena podría alcanzar entre ocho y 12 años de prisión en caso de ser encontrados culpables.
La Fiscalía General de Justicia de Nuevo León mantiene actualmente 198 denuncias relacionadas con el caso Proyectos 9, cuyo presunto fraude asciende aproximadamente a 570 millones de pesos.
Horas antes de su traslado al penal, José N permaneció internado en un hospital privado de la colonia Miravalle debido a una presunta arritmia cardiaca.
Sin embargo, posteriormente fue escoltado por detectives hacia las instalaciones de la Agencia Estatal de Investigaciones y después trasladado al penal de Apodaca.
El empresario salió del hospital esposado y bajo un fuerte dispositivo de seguridad integrado por varias patrullas que acompañaron el operativo hasta las instalaciones ministeriales.
El abogado de las víctimas sostuvo que el centro penitenciario cuenta con atención médica y vigilancia suficiente para garantizar el estado de salud del ahora imputado durante el proceso judicial.
Redacción/El Nacional
