Una iniciativa impulsada por legisladores de Morena busca establecer límites más estrictos a las licencias que solicitan los diputados federales para separarse temporalmente de sus funciones, particularmente cuando estas se relacionan con actividades de entretenimiento.
La propuesta plantea una modificación al artículo 12 del Reglamento de la Cámara de Diputados, con el objetivo de precisar los casos en los que un legislador puede ausentarse de su cargo. Actualmente, el marco normativo contempla motivos como enfermedad, asumir otro empleo público, contender por un cargo de elección popular, atender procesos judiciales o desempeñar funciones partidistas.
Sin embargo, el punto central de la iniciativa es impedir que se otorguen licencias cuando estas tengan como finalidad la participación en actividades recreativas o del ámbito del espectáculo. Este ajuste surge en medio de la controversia generada por la participación de un legislador en un reality show, lo que abrió un debate sobre los límites entre la función pública y la exposición mediática.
En redes sociales, la propuesta ha sido denominada como “Ley anti-Sergio Mayer”, en referencia al caso que detonó la discusión. El propio legislador solicitó licencia para integrarse a un programa televisivo, lo que generó críticas tanto dentro como fuera de su partido.
El diputado Luis Morales Flores respaldó la iniciativa al considerar que se trata de una medida necesaria para fortalecer el papel del Congreso. “Es una iniciativa necesaria, valiente y correcta que nos pone orden, que dignifica la función pública, que deja claro que el Congreso no es un espacio para el espectáculo, sino para el trabajo y el compromiso con el pueblo”, expresó.
Tras la polémica, Sergio Mayer retomó su curul y ofreció disculpas públicas, al reconocer que su decisión generó inconformidad social, aunque defendió que su participación se realizó dentro del marco legal vigente.
El caso también derivó en una revisión interna dentro de Morena. La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia determinó suspender temporalmente sus derechos partidistas mientras se analiza el impacto de sus acciones, en un contexto donde el partido busca reforzar criterios éticos sobre el desempeño de sus representantes.
La iniciativa continúa en discusión y podría marcar un precedente en la regulación de la conducta de los legisladores frente a actividades ajenas a su función pública.
